Cayó la defensa de Bullrich | Procesan a dos agentes por disparos "antirreglamentarios" a manifestantes

A casi cinco meses de la violenta represión ordenada por el Ministerio de Seguridad, la jueza federal María Servini dictó el procesamiento de dos miembros de las fuerzas de seguridad por lesiones graves cometidas durante el operativo. Se trata del gendarme Héctor Guerrero, acusado de disparar contra el reportero gráfico Pablo Grillo, y el prefecto Sebastián Martínez, responsable de herir gravemente y quitarle la visión del ojo izquierdo al manifestante Jonathan Navarro.

Ambos procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero la jueza impuso duras medidas restrictivas, incluyendo la prohibición de salir del país y la obligación de fijar un domicilio y dar aviso al Poder Judicial ante ausencias mayores a 72 horas.

Los procesamientos fueron agravados por la condición de los imputados como miembros de las fuerzas de seguridad. Esta agravante se mantuvo a pesar de que tanto Guerrero como Martínez intentaron justificar su accionar diciendo que respetaron las órdenes del operativo "antipiquetes" ordenado por la ministra Patricia Bullrich.

En el aspecto económico, la jueza dictó embargos millonarios como garantía civil: a Guerrero se le trabó un embargo por 203 millones de pesos, mientras que a Martínez se le impuso un embargo por 91 millones de pesos.

La decisión judicial expone la operatoria montada por el Ministerio de Seguridad, que tras la represión de marzo, había presentado una denuncia penal contra las personas detenidas por delitos graves como sedición y asociación ilícita. "Ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías: alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes y jefas les mandan a cometer", destacó la abogada Claudia Cesaroni, querellante en el caso Grillo junto al CELS.

Pruebas contundentes contra los agentes

La jueza Servini utilizó el material probatorio para desestimar la defensa de los uniformados. En relación al caso Pablo Grillo, la resolución dio por probado que Guerrero fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió al fotoperiodista. La jueza determinó que el gendarme actuó "de forma horizontal y antirreglamentaria", conociendo el riesgo que implicaba para la integridad física, o incluso la vida, de quienes se hallaban enfrente. La resolución precisó que el material probatorio reveló que Guerrero disparó otras cinco veces de forma antirreglamentaria en menos de diez minutos.

En torno al caso Jonathan Navarro, la resolución da por probado que el agente Martinez buscó herir a Navarro, quien como resultado del disparo perdió la visión de su ojo izquierdo. La valoración de la prueba indica que, una vez alcanzado el rostro de la víctima, Martínez no volvió a efectuar disparos a ese sector, lo que sugiere que su único propósito era impactar a Navarro.

El fallo representa un avance para las querellas y un fuerte golpe al relato oficial que intentó justificar la violencia desplegada durante el operativo.