Allanamiento en el IMAC: la justicia busca pruebas por la presunta estafa de $100 millones al IPS

El escándalo por la presunta estafa al Instituto Provincial de Salud (IPS) escaló a la esfera judicial con la irrupción del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Durante la mañana de este viernes, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología llevó adelante cuatro allanamientos en domicilios vinculados al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) en la ciudad de Salta.

El operativo, solicitado por la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), se realizó en el marco de una investigación por el delito de falsificación material de documento privado. La intervención judicial se originó tras la denuncia penal presentada el pasado 19 de agosto por el cardiólogo Edmundo Falú, luego de ser advertido por el propio personal del IPS sobre la existencia de documentación que utilizaba su sello profesional y una firma que no reconocía como propia.

A esta denuncia se sumó la presentada el 21 de agosto por la apoderada del IPS, tras detectarse graves irregularidades en la facturación correspondiente a junio de 2025. El Dr. Falú, quien declaró no mantener vínculo laboral ni contractual con el IMAC, amplió su denuncia aportando detalles de facturación atribuida a su nombre durante 2024 y 2025.

Los investigadores de la UDEC realizaron un entrecruzamiento de datos que confirmó la hipótesis de la maniobra: personal del IMAC habría cargado en el sistema del IPS prácticas, estudios e intervenciones falsas atribuidas al médico Falú. Además, se habrían confeccionado órdenes internas con firmas y sellos falsificados, otorgándoles la apariencia de documentos auténticos para justificar el cobro de prestaciones, que según cálculos preliminares, superaría los 100 millones de pesos.

El objetivo de los allanamientos de este viernes fue asegurar pruebas cruciales para la causa. Durante los operativos, que se realizaron en tres domicilios de calle Adolfo Güemes y uno en calle España, el CIF secuestró documentación de interés y procedió a realizar una copia forense de los datos almacenados en los sistemas informáticos del instituto. Con la evidencia obtenida, la fiscalía continuará la investigación para determinar la responsabilidad penal en la falsificación de la documentación utilizada para cobrar prácticas médicas.