
Condenado por el crimen de los hermanitos Leguina pide Certificado de Discapacidad
Judiciales06/11/2025 Judiciales
El detenido Marcelo Torrico, condenado por el brutal crimen de los hermanitos Leguina en 1998, volvió a solicitar ante la justicia la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La jueza de Garantías Ada Zunino confirmó el trámite y explicó que, si bien la Junta Provincial ya rechazó el pedido por no considerarla una enfermedad incapacitante, el preso tiene derecho a insistir, alegando que padece una enfermedad coronaria crónica que lo obliga a tomar diez medicamentos por día y que ya le provocó un ACV en la cárcel.
La jueza de Garantías Ada Zunino brindó detalles sobre un nuevo pedido formal presentado por el interno Marcelo Torrico, quien actualmente cumple condena por el crimen de los hermanitos Leguina. Torrico solicitó nuevamente la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), trámite que ya había sido denegado previamente por la Junta Provincial de Evaluación Médica.
Zunino explicó en un programa de Cable Express que el pedido se basa en que Torrico "padece una enfermedad crónica coronaria", la cual está debidamente acreditada y es tratada en el Hospital San Bernardo. Si bien el preso presentó la solicitud alegando que su condición le acarrea una discapacidad, la Junta determinó que la patología no es una enfermedad incapacitante y rechazó el pedido.
A pesar del rechazo, la magistrada subrayó que el detenido tiene derecho a insistir en la solicitud cuantas veces lo considere necesario. Zunino enfatizó que el objetivo de la Justicia es garantizar el cumplimiento de los derechos básicos contemplados en los tratados internacionales y las normativas argentinas sobre los derechos de los presos.
En este contexto, la jueza precisó que la salud del condenado es prioritaria, ya que Torrico "toma 10 medicamentos por día y ya tuvo un ACV en la cárcel por esta enfermedad". "Está condenado, pero tiene un derecho y hay que hacerlo valer", sostuvo Zunino, dejando en claro que la acción busca garantizar el acceso al tratamiento médico constante y prioritario para el detenido, y no otorgar privilegios.


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