El día que la UNSa becó a su rector

En plena emergencia universitaria y con el ajuste nacional golpeando las aulas, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa firmó un decreto que desató una tormenta política interna: una media beca del 50% en un doctorado pago que tenía como beneficiario principal al actual rector, Miguel Nina, y como suplentes a la hija de un exrector y al ministro de Economía de la provincia. No se detectaron irregularidades administrativas, pero el caso dejó a la vista una pregunta incómoda: ¿la transparencia que proclama la gestión convive con una cultura de privilegios hacia la cúpula?

La polémica estalló con la publicación del Decreto DECECO 1037/25, que otorgaba una reducción del 50% en el arancel del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Económicas para cuatro docentes de la Facultad de Económicas, Jurídicas y Sociales. El beneficio regía desde noviembre de 2025 hasta la finalización de la primera cohorte y estaba restringido a quienes fueran docentes designados en esa unidad académica. Sobre el papel, un esquema interno y legal; en la práctica, un gesto que, en medio de la crisis presupuestaria, sonó a guiño hacia adentro.

El foco se posó de inmediato sobre el primer nombre del listado: Miguel Martín Nina, rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Salta. Que la máxima autoridad de la UNSa apareciera como beneficiario de una media beca en un posgrado arancelado en su propia universidad resultó políticamente explosivo. El decreto no violaba ninguna norma, pero chocaba de frente con el discurso de una institución que se presenta ante la sociedad como víctima del ajuste y defensora férrea de la educación pública.

La lista de suplentes terminó de encender la mecha. Entre los nombres aparecían María Soledad Claros, hija del exrector Víctor Claros, y Roberto Dib Ashur, actual ministro de Economía de Salta. Aun cuando se trataba de beneficios condicionados y eventuales, la imagen era clara: en plena crisis, el círculo de posibles beneficiarios de una rebaja en un doctorado pago estaba poblado por el rector, la descendencia de una figura fuerte de la política universitaria reciente y el funcionario que conduce la política educativa provincial. No hacía falta forzar lecturas para que el tema se instalara como un caso de privilegio y endogamia.

Frente al crecimiento de las críticas, Miguel Nina eligió responder con un comunicado extenso difundido en las redes oficiales de la UNSa. “Seis meses después, algunos siguen eligiendo la mentira. Nosotros elegimos la gestión”, comenzó el texto, que rápidamente pasó de la defensa puntual a un fuerte ataque a la gestión anterior. El rector habló de un déficit proyectado de más de 3.000 millones de pesos, de convenios académicos caídos, de fondos sin rendir, de licitaciones mal hechas y de una administración que, según su relato, gobernó sin presupuesto aprobado ni transparencia mínima.

En ese marco, Nina ubicó el episodio de las becas del doctorado como uno de tres “ejemplos de falsedades” diseminadas por la oposición interna. Aseguró que las autoridades involucradas ya habían presentado su renuncia al beneficio antes de que el decreto se publicara en el Boletín Oficial y que la inscripción total al posgrado estaba pagada. Remató el punto con una frase contundente: “No había caso; no había hecho; no había irregularidad. Solo una operación mediática”. Desde el punto de vista formal, el argumento es claro: no hubo delito ni violación normativa visible.

Sin embargo, lo que el comunicado despeja en el plano administrativo vuelve a nublarse en el plano político y ético. La discusión no giraba solo en torno a la legalidad del decreto, sino a la señal que envía una universidad pública cuando diseña un beneficio económico que, en su versión original, alcanza al rector, roza a la hija de un exrector y tiene en la lista de espera al ministro de Economía. La pregunta que recorre pasillos y redes es si la UNSa está usando sus pocos márgenes para ampliar el acceso al conocimiento o para amortiguar los costos de quienes ya concentran poder académico y político.

En su descargo, Nina reivindica además la ampliación del merendero universitario, el aumento de los beneficios en el comedor, la puesta en marcha de un portal de transparencia, el reordenamiento de concursos y la reactivación de convenios. Son medidas que apuntan a reparar parte del daño que él atribuye a la gestión anterior y que buscan mostrar una conducción activa frente a la crisis. Pero la coexistencia de esos avances con un decreto que, aunque luego fuera corregido en los hechos, colocó al rector en la primera fila de los beneficiarios de una media beca, alimenta la sospecha de que la transparencia convive con viejas lógicas de privilegio.

El caso deja una síntesis incómoda: la UNSa puede demostrar que no hubo irregularidades visibles, que el rector renunció al beneficio y que el arancel del doctorado se pagó por completo. Lo que no puede revertir tan fácilmente es la percepción de que, frente al ajuste, la primera reacción institucional no fue pensar cómo proteger a quienes nunca llegan al posgrado, sino cómo aliviar, aunque sea en los papeles, a quienes ocupan la cima de la pirámide. Entre la transparencia declamada y el privilegio practicado, el día que la UNSa becó a su rector seguirá siendo un recordatorio de que la legitimidad de la universidad pública se juega también en estos gestos.