La casta legislativa asegura el espacio de recreación de la elite

Lo que comenzó como un silencioso proyecto de ley para entregar tierras públicas al Tigres Rugby Club ha escalado en un escándalo que los diputados oficialistas intentan frenar con una serie de aclaraciones que, lejos de transparentar la situación, dejan al descubierto un entramado de favores y exclusividad. 

Bajo la presión social, los legisladores salieron a "aclarar" que la cesión de la Matrícula N.º 173.675 en San Lorenzo no es una donación, sino un comodato, omitiendo que 25 años de uso gratuito sobre tierras de altísimo valor inmobiliario equivalen, en la práctica, a una privatización de hecho.

Las justificaciones esgrimidas por el bloque oficialista resultan, como mínimo, cínicas ante la realidad habitacional de Salta. Argumentan que el club realiza una "función social" y que el predio servirá como un "polo verde" con la plantación de mil árboles. Sin embargo, estas promesas ambientales parecen ser el "peaje" verde para justificar que el Estado le regale espacio de expansión a una institución privada que cobra cuotas sociales y cuyos beneficios no alcanzan al grueso de los salteños que no pertenecen a ese círculo de elite.

La mayor contradicción reside en la supuesta "necesidad" de ampliar el predio porque la matrícula de socios creció a 1.900 personas. Resulta inadmisible que el Estado deba subsidiar con tierras públicas el crecimiento de un club privado argumentando falta de espacio, mientras cientos de clubes de barrio en las periferias de Salta Capital no tienen ni para pagar la luz o un alambrado básico. La pregunta que los diputados no responden es simple: ¿por qué el beneficio de Finca Las Costas es siempre para los mismos apellidos y los mismos deportes de nicho?

Además, el intento de "limpiar" el proyecto asegurando que la provincia podrá revocar el comodato si no se cumplen los fines, es una cláusula que en Salta rara vez se ejecuta. Las aclaraciones legislativas solo confirman que la prioridad política del Grand Bourg y la Legislatura sigue estando lejos de las necesidades populares y muy cerca de los intereses de los sectores más acomodados, utilizando el patrimonio de todos para el esparcimiento de unos pocos bajo el disfraz de la "conciencia ecológica"