Declaran a Salta "ambiente sonoro protegido" y prohíben altoparlantes aéreos

En una sesión que volvió a poner de manifiesto la distancia entre la agenda del arco político y los problemas acuciantes de la ciudadanía, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta aprobó una ordenanza que declara al espacio aéreo del ejido municipal como "Ambiente Sonoro Protegido". La medida prohíbe de manera terminante el uso de altoparlantes y sistemas de difusión sonora en aeronaves, una práctica históricamente vinculada a la propaganda proselitista —como las recordadas recorridas aéreas de aeronaves ploteadas asociadas a figuras de la política local como Alfredo Olmedo y su tradicional lema— y a campañas comerciales.

La iniciativa, impulsada bajo el argumento de resguardar el derecho a la salud, el descanso y la tranquilidad pública, contempla además una especial protección para sectores vulnerables, tales como personas con hipersensibilidad sensorial y condiciones dentro del espectro autista (TEA), así como la preservación de la fauna urbana. Sin embargo, la votación estuvo lejos de ser un trámite pacífico y desató un fuerte escándalo político dentro del recinto.

El debate legislativo dejó en evidencia profundas rispideces y un marcado divorcio con las prioridades de los vecinos, en un contexto socioeconómico atravesado por la retracción del empleo, la crisis comercial y las demandas urgentes en materia de infraestructura urbana.

Durante el tratamiento de la norma, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó duramente la iniciativa al señalar que el cuerpo deliberativo municipal se encontraba legislando sobre una materia de exclusiva competencia federal —vinculada al control y regulación del espacio aéreo y la aviación civil—, tildando la propuesta de ser una medida distractiva o "venta de humo" frente a la gravedad de los problemas reales de los salteños. La tensión escaló a tal punto que los ediles libertarios decidieron abandonar el recinto y dejaron sus bancas vacías al momento de la votación en señal de repudio, tras ser rechazados sus pedidos de abstención por parte del oficialismo.

Por su parte, los concejales que defendieron la ordenanza remarcaron la validez y la potestad originaria del municipio para legislar en materia de contaminación acústica y convivencia urbana, estableciendo un marco de sanciones e incorporando excepciones únicamente para situaciones de emergencia, defensa civil, operaciones sanitarias o seguridad pública.

Mientras el arco político local concentra debates en regulaciones sobre el cielo salteño, los contribuyentes continúan reclamando respuestas estructurales ante el deterioro de las calles, la falta de bacheo y la inestabilidad económica que golpea a los hogares de la capital.