Los empleados públicos de Salta percibirán el aguinaldo antes de Navidad

El Ejecutivo confirmó el cronograma oficial de pago de sueldos hasta fin de año, garantizando liquidez al comercio local previo a las Fiestas y abriendo la discusión por la pauta presupuestaria del próximo periodo. 

El Gobierno de la Provincia de Salta formalizó el cronograma de pagos para la totalidad de la administración pública provincial correspondiente al último tramo del año. Tras una reunión de Gabinete encabezada por el Ejecutivo provincial, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, confirmó que el sueldo anual complementario (medio aguinaldo) se depositará el próximo jueves 17 de diciembre. De esta manera, la masa de empleados estatales contará con el beneficio antes de las festividades navideñas, inyectando previsibilidad financiera y dinamismo al sector comercial e informal de la provincia.

El calendario oficial de desembolsos contempla además que los sueldos correspondientes al mes de noviembre se acreditarán el sábado 28 de noviembre. En tanto, los haberes del mes de diciembre se percibirán el miércoles 30 de diciembre, asegurando que el conjunto de los trabajadores del sector público —incluyendo administración central, salud, seguridad y educación— perciba la totalidad de sus remuneraciones con anterioridad a la finalización del año.

El anuncio de las fechas de cobro se da en paralelo al llamado a paritarias con los gremios estatales, previsto para la última semana de noviembre, en pos de definir la compensación salarial que cierre el periodo presupuestario. Asimismo, en la misma reunión ministerial se ratificó la fecha institucional para la presentación formal del proyecto de Presupuesto Provincial 2027, cuyo ingreso al Poder Legislativo está pautado para el 1 de diciembre. La hoja de ruta económica buscará equilibrar las pautas de gasto público e inversión en infraestructura frente a las variables macroeconómicas del país.

El cumplimiento del calendario salarial en tiempo y forma busca llevar calma a las economías familiares del sector público, en un contexto caracterizado por la presión inflacionaria sobre los insumos de la canasta básica y la expectativa de los sindicatos estatales por acuerdos paritarios que permitan sostener el poder adquisitivo real hacia el cierre del año.