Escándalo en el INTA: exoneran a investigadora que detectó agrotóxicos en personas

La destitución de la investigadora Virginia Aparicio marca un peligroso antecedente de subordinación científica a los intereses económicos del sector agroquímico, desmantelando el derecho ciudadano a conocer los impactos ambientales y sanitarios del modelo productivo.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó una decisión que sacude los cimientos de la ciencia pública argentina: la exoneración de la doctora en Ciencias Agrarias e ingeniera agrónoma Virginia Aparicio. La científica, que se desempeñaba en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce desde 1997, lideraba en el país el consorcio internacional de investigación SPRINT (Transición Sostenible de Plaguicidas: Evaluación del Riesgo para la Salud y el Ambiente), financiado por la Unión Europea. 

La expulsión de la investigadora —que además integra la carrera del CONICET— se concretó mediante la Resolución 366, imponiendo la máxima sanción disciplinaria que prevé el régimen del empleo público nacional y vedándole de forma permanente el ejercicio científico en dependencias del Estado.

La gravedad de la sanción se da en medio de una profunda indignación social y académica, dado que la expulsión de Aparicio llega como corolario de un sistemático proceso de censura que comenzó en junio de 2023. En aquel momento, las autoridades del INTA le ordenaron de forma intempestiva cancelar las reuniones donde iba a devolver los análisis individuales y colectivos a los 73 voluntarios del sudeste bonaerense que aportaron muestras de sangre, orina y materia fecal.

Posteriormente, mediante la Resolución 1081/23, el organismo retiró formalmente a la Argentina del proyecto SPRINT, buscando sepultar un cuerpo de evidencia que reveló que el 84% de las personas monitoreadas presentaba glifosato en orina y que las concentraciones de agrotóxicos en alimentos, agua, suelo y aire argentino superaban abrumadoramente a las registradas en las naciones europeas participantes.

Para justificar la expulsión, la cúpula del INTA estructuró un andamiaje reglamentarista basado en faltas administrativas. Entre las imputaciones se le reprochó el envío de muestras biológicas a laboratorios de referencia en Holanda, la presunta participación no autorizada de un investigador jubilado y el reemplazo del comité de ética por el de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Sin embargo, el propio fallo administrativo del INTA reconoció explícitamente que no existió beneficio económico personal ni perjuicio fiscal. Pese a ello, el directorio resolvió dar traslado de las actuaciones a la Oficina Anticorrupción para evaluar la presunta configuración de delitos de acción pública, una maniobra interpretada por la defensa legal como un amedrentamiento judicial.

La desproporción de la sanción resalta aún más cuando se analiza el trato dispensado a otros agentes involucrados en el sumario, quienes recibieron penas menores o eximiciones directas. La ensañada persecución contra la figura de Aparicio pone en evidencia que el objetivo de la resolución no es corregir un trámite burocrático, sino disciplinar al resto de la comunidad científica pública para evitar investigaciones que perturben los intereses corporativos de las multinacionales de insumos agrícolas y los grandes actores del modelo agroexportador.

El desmantelamiento de SPRINT y la sanción a Virginia Aparicio exponen una severa degradación en la libertad de investigación dentro de los organismos descentralizados del Estado. Diversos colectivos científicos, asambleas de pueblos fumigados, gremios y organizaciones socioambientales del país han manifestado su absoluto rechazo a la Resolución 366, calificándola como un acto de Inquisición moderna que prioriza las presiones comerciales por sobre la salud pública, la calidad del agua de consumo y la integridad ambiental de los territorios agrícolas.

Mientras la defensa de la investigadora alista las acciones judiciales contencioso-administrativas para demandar la nulidad absoluta del sumario y exigir su reincorporación, el precedente sentado por el INTA amenaza con apagar las alertas tempranas sobre la toxicidad de las prácticas productivas. La expulsión de la científica no solo deja desprotegidos a los vecinos y trabajadores expuestos a los plaguicidas, sino que consolida un modelo institucional donde la evidencia objetiva es censurada cuando choca contra el beneficio privado.