Impulsan la creación del Sistema Provincial de Gestión Integral del Riesgo

Ante la creciente frecuencia de eventos adversos y el impacto del cambio climático, la Cámara de Diputados de la Provincia analiza un proyecto de ley unificado —impulsado bajo los expedientes Nº 91-54.512/26 y 91-54.340/26 por los legisladores Gastón Galíndez y Mónica Juárez, del bloque Todos por Salta— que busca crear formalmente el Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

La iniciativa apunta a dejar atrás los modelos de respuesta puramente coyuntural frente a las emergencias para estructurar una política pública de Estado basada en la prevención, la planificación estratégica y la reducción de vulnerabilidades. Los fundamentos del proyecto advierten que factores como el crecimiento urbano desordenado, la expansión de las actividades productivas y la mayor exposición ambiental exigen dotar a Salta de un marco institucional moderno y permanente que proteja la vida, los bienes, el ambiente y la infraestructura crítica.

El texto propone institucionalizar un sistema que optimice la coordinación entre los distintos niveles del Estado, los municipios, el sector privado, las universidades, los organismos científicos y las organizaciones de la sociedad civil. Entre sus ejes centrales figuran el desarrollo de sistemas de información anticipada, la capacitación permanente de los recursos humanos y la optimización de los mecanismos de respuesta, recuperación y reconstrucción ante desastres de origen natural o antrópico.

El proyecto legislativo avanzó en su tratamiento parlamentario tras cosechar dictámenes favorables de las comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana, Obras Públicas, Educación, Hacienda y Presupuesto, y Legislación General —aunque recibió el rechazo o ausencia de dictamen por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales—. De este modo, el cuerpo legislativo se encamina a debatir una herramienta legal destinada a transformar estructuralmente la resiliencia territorial y la eficiencia en el uso de los recursos públicos frente a las crisis.