


El persistente deterioro de la Ruta Nacional 9/34, arteria estratégica para el transporte productivo del Norte Grande y escenario recurrente de trágicos siniestros viales, motivó un firme posicionamiento institucional en el sur provincial. El Concejo Deliberante de San José de Metán aprobó por unanimidad una iniciativa dirigida a las autoridades nacionales y a la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar la suspensión temporal del cobro de peaje en la estación Cabeza de Buey.
El planteo busca supeditar el pago de la tarifa al cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales de mantenimiento, repavimentación y señalización por parte de la empresa concesionaria AUNOA, frente a la indignación de los automovilistas por las condiciones de inseguridad que presenta la calzada.
La iniciativa, impulsada por la concejal Ana Sol García Mendoza, refleja el creciente malestar de los vecinos y transportistas de la región, quienes vienen protagonizando protestas en las cabinas de cobro bajo la consigna "acondicionen y pago". El pedido parlamentario exige a las autoridades nacionales la rendición de cuentas sobre el contrato de concesión vigente y la presentación urgente del cronograma de obras proyectado para los tramos Metán - Yatasto y Metán - Rosario de la Frontera.


Desde el cuerpo deliberativo aclararon que la medida no busca deslegitimar el sistema de peajes como herramienta de financiamiento, sino exigir la estricta reciprocidad en la prestación de un servicio público esencial que garantice la integridad física de miles de usuarios que transitan diariamente por el corredor vial.
A los cuestionamientos por baches, deformaciones en el asfalto y maleza en las bermas, se suman las severas críticas por los recientes incrementos tarifarios aplicados en la cabina de Cabeza de Buey, donde usuarios denuncian cobros desproporcionados frente a una infraestructura visiblemente abandonada. Mientras las gestiones para concretar la ansiada autopista o la autovía entre Metán y Rosario de la Frontera continúan postergadas en los despachos nacionales por recortes presupuestarios, el flujo vehicular pesado sigue colapsando la traza actual sin que la empresa concesionaria ejecute las tareas mínimas de conservación.
Aunque el pronunciamiento del Concejo Deliberante de Metán reviste el carácter de una resolución institucional que depende de la ratificación de las autoridades nacionales de Vialidad para hacerse efectiva, sienta un antecedente clave en la lucha de los municipios del sur salteño. Los ediles advirtieron que mantendrán la presión política y social hasta obtener precisiones técnicas y plazos concretos sobre las intervenciones requeridas en la traza, remarcando que el cobro de peaje sin la debida contraprestación en seguridad vial configura una clara vulneración a los derechos de los usuarios de la provincia.


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