Exigen licitación y frenan la prórroga automática a Agrotécnica Fueguina

Tras cumplirse el vencimiento del contrato histórico que une a la Municipalidad de Salta con la empresa Agrotécnica Fueguina —prestataria monopólica del servicio de higiene urbana desde 1999—, el debate político escaló con dureza en el Concejo Deliberante. Las concejalas Erika Castro y Laura Jorge exigieron formalmente al Ejecutivo municipal que convoque de manera urgente a una nueva licitación pública transparente o, en su defecto, remita informes detallados sobre los montos, las condiciones de pago y los términos de la prórroga acordada para garantizar la continuidad de la recolección de residuos.

La controversia se enmarca en un escenario financiero sumamente cuestionado, donde las sucesivas adecuaciones tarifarias elevaron el costo mensual del servicio por encima de los 4.200 millones de pesos. Desde el año 2020 hasta la fecha, el contrato acumuló más de una veintena de redeterminaciones de precios, transformando una contraprestación básica en una carga multimillonaria para las arcas comunales.

Ante la inercia oficial y la falta de transparencia sobre los decretos de prórroga, los sectores opositores reclamaron comparar ofertas en un mercado abierto para cuidar los recursos de los vecinos, en lugar de convalidar renovaciones automáticas que perpetúan prebendas corporativas sin exigencias reales de optimización y control de calidad.

La resistencia municipal a abrir el juego licitatorio desnuda la cómoda complicidad entre la administración central y las grandes firmas prestatarias que operan bajo un régimen de casi cuarto siglo sin competencia real. Mientras la ciudad demanda mayor eficiencia en la recolección, erróneamente se intenta desviar el debate técnico hacia falsas dicotomías, evitando auditar con rigor los millonarios desembolsos mensuales que salen del bolsillo de los contribuyentes salteños.

Exigir una licitación pública no es poner en riesgo las fuentes laborales del personal afectado al servicio, sino terminar de una vez por todas con los privilegios de contratos cautivos que se renuevan entre cuatro paredes, sinónimo indiscutible de una gestión pública ciega y sorda ante la necesidad de transparencia institucional.