Frenan temporalmente el derribo de viviendas lules en Finca Las Costas

En un contexto de alta tensión social en el departamento Capital, la comunidad indígena Lule de Finca Las Costas (San Lorenzo) frenó temporalmente las órdenes de demolición que pesaban sobre más de 20 viviendas habitadas por familias originarias.

Las intimaciones judiciales, dictadas en el marco de una causa ambiental, fijaban como plazo límite este 28 de octubre de 2026 para derribar las estructuras. Sin embargo, la rápida articulación comunitaria —que incluyó cortes informativos en el puente de ingreso a Villa San Lorenzo y una masiva movilización a las puertas de la Ciudad Judicial— forzó una mesa de diálogo directo entre las autoridades originarias y la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Guadalupe Villagrán, donde se confirmó la suspensión de las medidas de fuerza.

Durante el encuentro, la magistrada aclaró a los delegados que los desalojos y plazos de demolición forzosa no fueron ordenados de forma directa por su juzgado, sino que respondían a notificaciones emitidas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia en el marco de una medida de "no innovar" vigente desde 2020. El argumento oficial señala a las familias originarias como supuestas generadoras de contaminación en la reserva hídrica que abastece de agua potable a la ciudad de Salta. Sin embargo, el presidente de la comunidad, David Torres, denunció una severa "doble vara" ambiental por parte del Ejecutivo provincial y municipal, remarcando que los verdaderos focos contaminantes y volcados de aguas servidas provienen de los prolíficos desarrollos inmobiliarios y barrios privados de San Lorenzo Chico, autorizados sin la infraestructura de redes cloacales adecuada.

La disputa por el territorio ancestral en Finca Las Costas se encuadra en una creciente presión inmobiliaria e infraestructura sobre las áreas protegidas. La urgencia por liberar terrenos coincide no solo con el trazado de una nueva arteria vial proyectada para conectar Villa San Lorenzo con San Lorenzo Chico sobre tierras habitadas, sino también con la reciente y polémica decisión de la Legislatura salteña de aprobar la cesión en comodato por 25 años de 9 hectáreas de territorio ancestral al Tigres Rugby Club, un predio de carácter exclusivo al que los pobladores locales tienen vedado el acceso.

A pesar del alivio que significó desactivar el desembarco de las máquinas topadoras, la comunidad Lule se declaró en estado de asamblea permanente, alerta y movilización. En cumplimiento con lo acordado ante el juzgado, los referentes presentarán en los próximos días un plan integral de manejo y resguardo ambiental elaborado por los propios habitantes para la Reserva de Usos Múltiples de Finca Las Costas, reafirmando su rol histórico como custodios comunitarios del ecosistema y de las fuentes de agua frente al avance del negocio inmobiliario en la provincia.