Exigen una UTI urgente para Embarcación mientras la burocracia legislativa posterga las respuestas sanitarias

La precariedad crónica del sistema de salud pública en el norte provincial volvió a quedar expuesta con crudeza en la Legislatura salteña, donde un pedido para instalar una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Adultos en el Hospital San Roque de la ciudad de Embarcación reflotó una deuda estructural inadmisible con los departamentos de frontera.

Detrás de las buenas intenciones declarativas que suelen adornar los recintos, la cruda realidad institucional demuestra que con una simple declaración formal no se salva ninguna vida: el expediente avanza a los los tumbos, carente de los dictámenes indispensables de las comisiones de Salud y de Hacienda, reflejando la apatía y el desinterés de una dirigencia política que debate prioridades a espaldas de la agonía cotidiana en los hospitales públicos.

La iniciativa, impulsada por la diputada Mónica Goicoechea, busca dotar al nosocomio de una infraestructura crítica y largamente reclamada para la atención de pacientes complejos, una herramienta elemental para evitar los riesgosos, caros y demorados traslados en ambulancia hacia los centros de mayor complejidad en San Ramón de la Nueva Orán o la capital salteña. Cada hora perdida en esos trayectos representa una sentencia silenciosa para vecinos que sufren accidentes viales, cuadros respiratorios graves, infartos o patologías agudas, evidenciando que la falta de camas críticas en el norte no es un accidente geográfico, sino el resultado directo de décadas de desinversión estatal y prioridades presupuestarias desviadas.

Mientras los legisladores se empantanan en debates reglamentarios, demoran los tratamientos en comisiones y cajonean partidas financieras bajo la excusa de la estrechez fiscal, los habitantes del departamento General San Martín continúan sufriendo las consecuencias de un modelo sanitario provincial que naturaliza la precariedad y la escasez de profesionales.

Exigir una UTI mediante una resolución de agrado sin un compromiso presupuestario real, sin plazos de ejecución ciertos y sin la afectación directa de fondos públicos equivale a un mero ejercicio retórico. La salud en el norte no admite más parches discursivos ni promesas de campaña recicladas. La desidia gubernamental condena a los sectores más vulnerables a depender de la suerte, transformando la atención médica de urgencia en un privilegio inalcanzable mientras la burocracia estatal mira para otro lado.