Salta: quién es el exministro que creó una empresa para cobrar las deudas de las obras sociales

El Gobierno declaró de interés público una iniciativa presentada por Rubén Fortuny, exministro de Trabajo de la gestión Urtubey, para recuperar costos de prestaciones realizadas en hospitales públicos. El decreto establece que deberá hacerse una licitación, mientras Federico Mangione defendió la contratación transitoria. La discusión abre preguntas sobre el costo del servicio, los controles y la capacidad del propio Estado para realizar esa tarea.

El Gobierno de Salta decidió recurrir a una iniciativa privada para mejorar el cobro de las prestaciones que los hospitales públicos brindan a pacientes con obra social u otra cobertura. La propuesta fue presentada por Rubén Fortuny, exministro de Trabajo de la gestión de Juan Manuel Urtubey y gerente de Gestión Integral del Norte SRL, una sociedad que el documento oficial identifica como “en formación”.

La decisión quedó plasmada en el decreto 618/26, firmado el 30 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 1 de octubre. Allí se declaró de interés público el proyecto de “Recupero de Costos Sanitarios por Asistencias brindadas por los efectores de Salud Pública de la Provincia de Salta”.

El objetivo, según el texto oficial, es implementar un sistema para identificar las coberturas de los pacientes, facturar las prestaciones y gestionar el recupero de los costos que deben afrontar las entidades obligadas. El decreto sostiene que esos recursos pueden contribuir al funcionamiento de los hospitales, la compra de medicamentos e insumos y el mantenimiento del equipamiento

La discusión política aparece en el camino elegido para lograrlo: por qué una tarea vinculada con el recupero de recursos públicos será encomendada a un privado, cuánto costará y qué garantías habrá de que el dinero efectivamente llegue a los hospitales.

Cobrar a las obras sociales

El sistema de recupero busca que las obras sociales y otros entes obligados paguen por las prestaciones que sus afiliados reciben en establecimientos públicos. La ley provincial 8491, sancionada en 2025, ya había establecido parámetros para esa facturación.

El propio decreto remarca que los establecimientos provinciales garantizan la atención de la población independientemente de que tenga o no cobertura. Por lo tanto, la medida anunciada se refiere al recupero ante las entidades obligadas; el decreto no establece un cobro general a los pacientes por atenderse en hospitales públicos.

El problema que plantea el Gobierno es que una parte de esos recursos no se está recuperando. En declaraciones a Interactiva Noticias, el ministro de Salud, Federico Mangione, sostuvo que el sistema cobra alrededor del 12% de lo facturado y mencionó una estimación de pérdidas cercanas a los 110 mil millones de pesos anuales. Son cifras atribuidas al ministro, cuya metodología y detalle merecen ser conocidos públicamente.

Si las obras sociales utilizan servicios sostenidos por toda la comunidad y no pagan lo que corresponde, el reclamo del Estado tiene sentido. La pregunta es por qué, frente a esa situación, la salida elegida consiste en incorporar una empresa privada y bajo qué condiciones.

Una sociedad en formación y una licitación prevista

Fortuny presentó la iniciativa como gerente de Gestión Integral del Norte SRL, identificada en el decreto como una sociedad “en formación” al momento de la presentación. El documento señala que una comisión evaluadora creada por el Ministerio de Salud analizó la propuesta y la consideró viable desde el punto de vista jurídico, técnico y económico-financiero. También indica que Fiscalía de Estado se expidió favorablemente sobre la declaración de interés público.

Hay un punto central: el decreto no adjudica por sí mismo el servicio a la firma de Fortuny. Su artículo 2 establece que el procedimiento de contratación aplicable será la licitación pública.

Sin embargo, el ministro de salud Mangione explicó posteriormente que se recurriría a una contratación transitoria mientras se tramita la licitación, con un horizonte de seis a ocho meses. Según dijo a Interactiva Noticias, la empresa cobraría honorarios cuando logre recuperar dinero para el Estado y no por adelantado. El ministro defendió esa alternativa por la urgencia de comenzar a cobrar.

El decreto aportado no detalla esa contratación transitoria ni sus condiciones. Por eso resulta necesario conocer el instrumento que la dispone, su fundamento, duración, alcance y forma de pago, además del cronograma de la licitación anunciada.

La pregunta por la capacidad del Estado

La diputada provincial Laura Cartuccia cuestionó la decisión de recurrir a una firma externa y planteó si el Ministerio de Salud no podría organizar esa tarea con sus propios profesionales.

Mangione respondió que ya había intentado implementar el recupero con personal del Estado, pero que los abogados de la cartera tienen otras responsabilidades y que no cuenta con presupuesto para contratar un equipo dedicado exclusivamente a las cobranzas. También aseguró que no tenía una relación de amistad con Fortuny y que la propuesta fue la única que recibió bajo las condiciones que buscaba. 

El intercambio deja una discusión de fondo. Si el Estado reconoce que necesita recuperar recursos para sostener el sistema sanitario, también debería explicar qué intentó hacer hasta ahora, cuáles fueron los obstáculos y cuánto costaría fortalecer una estructura pública propia.

Porque el argumento de la urgencia puede explicar la necesidad de actuar, pero no reemplaza la obligación de mostrar las condiciones de la solución elegida.

Las cuentas que faltan sobre la mesa

La declaración de interés público reconoce que la propuesta puede ser útil. Pero el documento difundido no permite conocer aspectos decisivos: qué porcentaje o remuneración recibiría la empresa, qué metas deberá cumplir, cómo se controlará su trabajo y cuánto dinero quedará efectivamente para los hospitales.

También será necesario saber qué acceso tendrá a información vinculada con las coberturas y prestaciones, cómo se protegerán los datos de los pacientes y qué organismo supervisará el cumplimiento de esas obligaciones.

La identidad del impulsor agrega, además, una dimensión política. Fortuny no es un actor desconocido en la administración provincial: fue ministro durante el gobierno de Urtubey. Ese antecedente no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad, pero vuelve relevante que el proceso sea transparente y que las decisiones puedan ser examinadas con toda la documentación sobre la mesa.

Recuperar las deudas de las obras sociales puede representar un alivio para los hospitales salteños. Pero para evaluar si la decisión beneficia al sistema público no alcanza con conocer cuánto se pretende cobrar: también hay que saber cuánto costará cobrarlo, quién lo hará y cuánto de cada peso recuperado volverá efectivamente a la atención de los salteños.