Hogares estatales bajo la lupa tras la muerte de dos menores

La muerte de menores en dispositivos estatales como Casa Cuna y el Hogar Divino Niño reabre el debate sobre la responsabilidad penal del Estado, la negligencia profesional y la falta de controles en la Secretaría de Niñez.

El fallecimiento de niños alojados en dispositivos de contención estatal volvió a encender las alarmas sobre el colapso y las deficiencias estructurales del sistema de protección infantil en la provincia. Tras conocerse los trágicos episodios ocurridos en el Hogar Casa Cuna y el Hogar Divino Niño, la abogada especialista en infancias Sofía Isasmendi cuestionó duramente la labor de los organismos de control provinciales y advirtió que la repetición de estas tragedias evidencia un mal funcionamiento sistémico en la tutela de menores vulnerados.

La especialista remarcó que la Ley Nacional N° 26.061 establece una responsabilidad irrenunciable e indelegable del Estado en la custodia y resguardo de la integridad física de niños, niñas y adolescentes, por lo que ante desenlaces fatales corresponden investigaciones severas para determinar responsabilidades civiles y penales de los funcionarios a cargo.

Los cuestionamientos apuntan directamente a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social encargado de auditar y garantizar los protocolos de atención dentro de los hogares de residencia asistida. Isasmendi advirtió que la opacidad institucional dificulta el acceso a los informes de seguimiento médico, psicológico y social de los menores, impidiendo constatar si existió negligencia individual, falta de personal capacitado o abandono de personas por parte de los equipos interdisciplinarios. Asimismo, subrayó que los profesionales de la salud y operadores de niñez poseen la obligación legal estricta de denunciar cualquier anomalía o riesgo operacional dentro de los dispositivos estatales.

La especialista remarcó que estos hechos no constituyen eventos aislados, sino que forman parte de una preocupante zaga de fallas organizativas dentro de los dispositivos de minoridad provinciales. En ese marco, recordó antecedentes que conmocionaron a la opinión pública salteña, como el caso del niño Tiago, donde la falta de controles estatales inmediatos terminó en un desenlace evitable. La recurrencia de estas situaciones expone la indefensión de los menores institucionalizados, quienes habiendo sido retirados de sus entornos familiares originarios por situaciones de vulneración de derechos, terminan encontrando dentro de los inmuebles bajo la órbita del Estado provincial un escenario de desprotección extrema y riesgo para sus vidas.

Ante el evidente colapso de los mecanismos internos de auditoría de la Secretaría de Niñez, diversos sectores exigen la intervención urgente de organismos independientes, la apertura del Poder Judicial para peritar las carpetas de seguimiento y la citación a las autoridades ministeriales a la Legislatura. Sin una revisión profunda de la asignación presupuestaria, la contratación de personal apto y la transparencia en la rendición de cuentas, la tutela estatal en Salta continuará operando como una estructura de riesgo ciego para las infancias más postergadas.