Condenada sin pruebas: la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y la herida abierta del Poder Judicial

Una sentencia cayó como una piedra sobre la vida política y judicial de la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, pero no en nombre de la ley, según denuncia su defensa, sino como producto de una maquinaria implacable de persecución. “No hay delito. No hay prueba. No hay justicia”, afirma tajante el comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbon, que se difundió en las últimas horas y que ya genera réplicas en todos los rincones del país y del mundo.

El texto, cargado de gravedad institucional, no escatima palabras: “Esto no es una condena, es una venganza del poder”. Desde el regreso de la democracia en 1983, pocas veces una voz legal ha sido tan enfática al denunciar una supuesta operación judicial orquestada desde los pasillos del poder real. En este caso, no se trata solo de una figura política en el banquillo: para muchos, lo que se está poniendo en tela de juicio es el propio funcionamiento del Estado de Derecho.

Según la defensa de la expresidenta, la sentencia está vacía de contenido jurídico y rebosante de intencionalidad política. No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación comprobada. Ni siquiera –afirman– hay una descripción clara del hecho punible. El fallo se apoyaría en conjeturas, inferencias y un relato que fue construido fuera del expediente judicial.

El comunicado no habla solo al público local. Se dirige al mundo. Denuncia la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la presunción de inocencia y el uso del Poder Judicial como instrumento de disciplinamiento. En otras palabras, plantea que se ha judicializado la política para proscribir a quien representa un proyecto que incomoda al poder económico concentrado.

La estrategia ahora se traslada al plano internacional. La defensa anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otros foros multilaterales, para denunciar lo que consideran una persecución política disfrazada de proceso judicial.

Pero más allá de los tribunales, el caso reabre una herida que no termina de cerrar: el uso de la justicia para fines políticos. La figura de Cristina Fernández de Kirchner polariza, interpela y moviliza. Para sus seguidores, representa la resistencia frente al poder real; para sus detractores, es símbolo de corrupción e impunidad. Pero el juicio que acaba de finalizar –o que recién comienza en el plano global– pone en tensión conceptos fundamentales: legalidad, legitimidad, justicia.

“Cristina no está sola. No está vencida. No está condenada por la historia”, cierra el comunicado, apelando no solo al derecho, sino a la mística política. La sentencia ya está dictada. La batalla, según su entorno, recién empieza.