
Proponen cambios a la Ley de Expropiaciones para garantizar pagos más justos y ágiles
General10/06/2025 Diputados
El proyecto establece plazos concretos para la tasación y el pago, habilita la homologación judicial de acuerdos y refuerza el control judicial sobre las indemnizaciones.
Un proyecto de ley presentado por los diputados Sofía Sierra y José Gauffin propone modificar artículos clave de la Ley Provincial de Expropiaciones (Ley N° 2614, texto ordenado por Ley 7913) con el objetivo de adecuar la normativa vigente a los principios constitucionales de seguridad jurídica, indemnización previa y control judicial efectivo.
La iniciativa apunta a corregir prácticas que, según sus autores, colocan a los ciudadanos expropiados en una situación de desprotección frente al Estado. En particular, propone tres reformas centrales: Plazo máximo para tasaciones: el proyecto fija un plazo de seis meses para que el Tribunal de Tasaciones emita su dictamen cuando ya se haya producido la desposesión del bien. Actualmente, este proceso puede demorar años, lo que retrasa los pagos y afecta al expropiado.
Homologación judicial de acuerdos (avenimientos): se establece la posibilidad de que los acuerdos alcanzados entre el Estado y el expropiado, ya sea en sede judicial o extrajudicial, puedan ser homologados por un juez. Esto permitirá que, en caso de incumplimiento por parte del Estado, el acuerdo pueda ejecutarse directamente como una sentencia judicial.
Obligación de incluir fecha de pago y límite temporal: se incorpora como obligatorio que la oferta de compra del Estado indique el monto y la fecha de pago, que no podrá superar el primer semestre del ejercicio presupuestario posterior. Además, se prevé el pago de intereses en caso de demoras y su capitalización si se inicia un juicio.
Otra modificación relevante es la eliminación de la prohibición de presentar nuevas tasaciones periciales en juicio cuando no se alcanza un acuerdo previo. Según los autores, esta restricción es inconstitucional porque limita el control judicial y coloca al dictamen del Tribunal de Tasaciones por encima de la justicia ordinaria.
En los fundamentos, los legisladores explican que el régimen actual, que habilita la desposesión inmediata apenas se aprueba la ley de expropiación —mediante el depósito de una suma irrisoria—, viola el principio constitucional de indemnización previa. Advierten que muchas veces los expropiados aceptan montos bajos por necesidad, y aun así el Estado no cumple con el pago en tiempo y forma, lo que los obliga a iniciar acciones legales inciertas o demoradas.
“El propósito del proyecto es recuperar el valor de la seguridad jurídica y hacer converger el régimen provincial con las garantías constitucionales”, señalan. También subrayan que brindar reglas claras y plazos definidos en materia de expropiaciones no solo protege derechos individuales, sino que aporta transparencia institucional y previsibilidad para todos los actores involucrados.



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