Comunidades indígenas entre el hambre, la sed y la desprotección

Mientras el Pueblo Wichí denuncia que no recibe agua ni alimentos pese a órdenes judiciales, en Villa Río Bermejito una lista de personas Qom lesionadas en un operativo policial espera pericias y recepción de denuncias. La respuesta estatal llega tarde, mal y a destiempo: cautelares revocadas, apelaciones y trámites que no llenan tanques ni ollas.

El fin de semana antepasado, una referente que viajó al Impenetrable registró en primera persona lo que los partes oficiales no muestran: familias con niños sin agua ni comida, testimonios como única prueba para sostener un amparo y una sensación extendida de desamparo. “La única forma en que podemos acreditar en el amparo es con testimonios. No tenemos recursos para más”, resume.

En paralelo, el Pueblo Wichí difundió una declaración en asamblea (Sauzalito, 6 de septiembre de 2025) que desnuda el corazón del conflicto: hace meses un tribunal ordenó al Gobierno del Chaco garantizar el acceso a agua potable y alimentos; la orden no se cumplió, se impusieron sanciones económicas y el Ejecutivo apeló. Encima, la cautelar fue revocada y se promovió un jury contra el juez que la otorgó. “Nuestra vida está en riesgo por falta de agua y comida”, sostienen, y rechazan los videos y reuniones aisladas con los que el Gobierno pretende dar por resuelta la emergencia.

Exigen cumplimiento inmediato de la medida judicial, sostienen el amparo colectivo, piden diálogo en territorio con todas las autoridades comunitarias y ratifican el mandato a la Defensora Oficial, Dra. Gisela Gauna Wirz.

La contracara de los anuncios es contable. En Villa Río Bermejito, gracias a una cautelar del pasado presentada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, cada tres meses llegan cajas de asistencia. En cambio, las comunidades wichí “no reciben prácticamente nada”, según los testimonios. La “ayuda” que se anunció —“remedios, ANSES”— tiene más de maquillaje que de política pública sostenida.

A esa capa de indiferencia estructural se suma la violencia institucional. Un oficio de la Defensoría General Adjunta del Chaco dirigido a la Fiscalía de Investigación N.º 1 (Circunscripción de J.J. Castelli) adjunta un listado de personas Qom lesionadas durante un operativo policial en Villa Río Bermejito el 14/10, solicitando examen forense y la recepción de denuncias en el Juzgado de Paz local (Dr. Ezequiel La Regina). La Fiscalía acusó recibo y comunicó que la médica forense Dra. Sara Nidia Spagnoli remitirá los informes para agregar a las denuncias. La documentación oficial es clara: hubo heridos, hay pedidos de pericia y las denuncias deberán tramitarse en sede local.

“No se puede jugar con la necesidad de un pueblo”

La asamblea wichí sintetiza el cuadro con cinco puntos: cumplimiento inmediato de la orden judicial, continuidad de las acciones legales, diálogo en territorio, decisiones en asamblea y ratificación de la defensa legal comunitaria. Y deja un mensaje verificable en el terreno: “Invitamos a quien quiera conocer la realidad a visitarnos en el Impenetrable.”

Mientras Chaco apela sanciones en lugar de cumplir con abastecimiento básico, y Nación se limita a asistencias esporádicas y anuncios sueltos, la urgencia social no espera: agua potable, alimentos y atención sanitaria.