El plan de Milei | Convenios por empresa, 12 horas de jornada y pago en tickets

Con el impulso del reciente resultado electoral, el Ejecutivo Nacional se apresta a presentar en diciembre el borrador de una reforma laboral "integral" que será debatida durante 2026.

El proyecto, gestado por el exabogado de Techint, Julio Cordero, y el arquitecto de la desregulación, Federico Sturzenegger, busca dinamitar los pilares del derecho laboral argentino: propone vincular los aumentos al "mérito" individual, reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese, eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales y, en su versión más dura, ampliar la jornada a 12 horas y pagar salarios con tickets. La CGT ya anunció su "contundente y categórico rechazo".

La hoja de ruta del Ejecutivo para desmantelar la Ley de Contrato de Trabajo

El Gobierno Nacional de Javier Milei ha puesto en marcha la maquinaria para impulsar una reforma laboral que, bajo el eufemismo de "modernizar" la legislación con más de medio siglo de antigüedad, amenaza con precarizar las condiciones de trabajo y desmantelar derechos básicos adquiridos. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro Federico Sturzenegger son los cerebros de esta iniciativa que el Ejecutivo presentará en diciembre como parte de sus reformas "de segunda generación".

La base de la reforma buscaría desactivar los mecanismos de protección del trabajador para "incentivar la contratación formal", como lo afirmó Sturzenegger, condicionando la baja de impuestos al trabajo a la reducción del gasto estatal. 

Puntos sensibles: Salarios flexibles, fin de la indemnización y más horas

El paquete de reformas incluye puntos de alta conflictividad social, que han sido rechazados previamente por diferentes gremios de trabajdores y también partidos políticos de izquierda:

• Salarios a la Baja y por "Mérito": Se busca reducir los pisos salariales por convenio y forzar negociaciones salariales por productividad y por empresa, tal como se implementó en los años noventa. Esto significa que los valores fijados colectivamente dejarían de ser mínimos garantizados para funcionar como techos de referencia, y los aumentos se atarían al desempeño o "mérito" individual, eliminando la indexación automática por inflación.
• Adiós a la Indemnización Tradicional: Se plantea reemplazar el sistema actual por un fondo de cese laboral, un esquema que transfiere el costo del despido del empleador al propio trabajador a través de aportes periódicos.
• Extensión de la Precarización: El período de prueba se extendería de tres a seis meses (y hasta 12 en pymes), facilitando el despido sin causa.
• Flexibilidad Extrema: Se impulsa la digitalización de registros para simplificar trámites, la creación de un banco de horas para reorganizar la jornada según la demanda empresarial y, en la versión más dura, la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
• Pagos Parciales en Tickets: La propuesta más polémica, heredada del DNU 70/23, incluye la posibilidad de pagar una parte del salario con "ticket canasta o restaurant", una figura ya objetada en fallos de la Corte. 

La ofensiva contra la CGT y la ultraactividad

La reforma también tiene un fuerte componente de ataque a la organización sindical. Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint y uno de los principales cerebros de la iniciativa, manifestó su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes sindicales y el concepto de ultraactividad. La ultraactividad, que garantiza que los CCT se mantengan vigentes mientras no haya un acuerdo nuevo, es un pilar de la negociación colectiva que el Gobierno busca eliminar.

El plan de Milei, que toma como base el proyecto de la diputada libertaria Romina Diez, fue presentado como un "atajo retórico" para la formalización de cerca de 8 millones de trabajadores informales. Sin embargo, el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, en nombre de la CGT, ya sentenció que el gremio opondrá un "contundente y categórico rechazo" a cualquier intento de reforma que implique la ratificación del suspendido DNU 70/23 o la "pérdida de derechos", advirtiendo que la formalización no puede basarse en la precarización.