¿Vuelven los tickets canasta’? El viejo atajo para licuar salario que Milei quiere resucitar

El Gobierno prepara una reforma laboral que reabre la puerta a los vales de comida como pago no remunerativo. La historia es conocida: menos sueldo en mano, menos aportes, menos aguinaldo, menos indemnización; más negocio para emisoras y un “costo laboral” que se licúa. En los ’90 fue regla bajo el art. 103 bis de la LCT; en 2007 se derogó tras un escándalo de lobby. Ahora, el revival llega con marketing de “modernización”.

El nombre suena amable—“vale”, “ticket”, “canasta”—pero la ingeniería es austera: parte del salario deja de ser salario. En la letra, el vale alimentario no integra la base para calcular aportes previsionales, aguinaldo, adicionales, horas extras ni indemnizaciones. En la práctica, el trabajador ve achicarse el salario real y diferido (jubilación, SAC, licencias) mientras el empleador “alivia” cargas. No es una discusión teórica: Argentina ya lo probó. Y terminó mal para el sistema y para el bolsillo de los asalariados.

Los antecedentes importan. Los vales nacieron en 1989, en plena hiperinflación, y se masificaron con el “uno a uno” bajo Domingo Cavallo. Amparados en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo—el capítulo de “beneficios sociales no remunerativos”—la herramienta se vendió como colchón antiinflacionario y estímulo al consumo. A mitad de su ciclo, hacia 2005, los tickets estaban en 5.000 empresas, llegaban al 15% de los registrados (unos 1,5 millones de trabajadores) y representaban cerca del 13% de la remuneración. Cada porcentaje que salía del salario remunerativo se traducía en menos aportes a la Seguridad Social, menos base para el aguinaldo y menos peso de la indemnización.

El saldo agregado fue elocuente: mientras duró el sistema, Estado, trabajadores, sindicatos y obras sociales vieron evaporarse recursos por USD 21.000 millones que migraron al sector empresario. Las emisoras—marcas como Accor/Servicios Tickets o Sodexho (Luncheon)—no eran ONG: cobraban un fee a las empresas (2%–6% del total emitido), descontaban al comercio que canjeaba los vales (1,5%–6%) y además hacían caja con el “float”: el dinero inmovilizado entre la emisión y la recompra que podía colocarse en el sistema financiero. Ganancias anuales declaradas: $140 a $395 millones (con un dólar a $3,15 a fines de 2007). En paralelo, el trabajador perdía vales en vacaciones y licencias por enfermedad o accidente, y jamás cobraba aguinaldo ni extras sobre ese tramo. ¿Flexibilidad? Sí. ¿Para quién? También.

Que no se diga que no hubo aprendizaje. En 2007, el Congreso derogó el uso de los tickets como pago salarial al aprobar el proyecto impulsado por Héctor Recalde. La sesión quedó signada por una cámara oculta que exhibió el intento de soborno del lobby para torcer la votación. La política, por una vez, tomó nota: una “innovación” que prometía eficiencia había mutado en brecha legal para licuar derechos y privatizar rentas.

Casi dos décadas después, el Gobierno de Javier Milei propone volver a abrir esa compuerta. ¿Qué cambió? El relato: ahora los vales se venden como herramienta de “modernización” y “promoción del empleo”. El diagnóstico oficial sostiene que el salario “demasiado costoso” ahoga la contratación. Pero el remedio repite la vieja fórmula: transformar salario remunerativo en beneficio no remunerativo. La diferencia no es semántica: es aplicable (o no) a jubilación, obra social, ART, aguinaldo, extras e indemnización. La resta es lineal y la paga el trabajador hoy—y la vuelve a pagar mañana, cuando se jubile.

El humor social tampoco acompaña el revival. Una medición de Zubán Córdoba de comienzos de año arrojó 81,3% de rechazo a reinstalar los “tickets canasta” y apenas 13,3% de apoyo. No hace falta ser experto para intuir por qué: en un país de inflación alta, cualquier mecanismo que desalarice la retribución luce como una invitación a licuar ingresos y precarizar la protección social.

¿Y el Congreso? La discusión que llegará en diciembre no es técnica sino política: ¿el Estado habilitará otra vez un canal para deconstruir el salario en nombre de la competitividad? ¿Se permitirá que un porcentaje creciente del ingreso vaya por fuera del sistema, erosionando la base previsional y sanitaria? ¿Qué controles existirán para evitar que el “beneficio” encubra prácticas de dumping laboral? Si la respuesta es “flexibilizar es crecer”, la historia reciente pide cautela: el país ya flexibilizó, creció poco y concentró mucho.

La economía necesita oxígeno, sí. Pero hay atajos que cuestan más de lo que ahorran. Reinstalar tickets canasta es elegir el camino fácil: mejora en el margen empresarial a costa de ingresos presentes y derechos futuros de millones. No corrige la informalidad, no sube la productividad, no invierte en capacitación ni tecnología. Apenas traslada recursos del salario a la intermediación y a la caja de las emisoras, esa economía paralela que vive del fee y del float.

Seamos claros: si la apuesta es “empleo de calidad”, el norte debería ser más salario en blanco, menos zonas grises, paritarias fuertes que ordenen incentivos sector por sector y una reforma tributaria que alivie sin agujerear el piso de protección social. Lo otro ya lo probamos. Tuvo nombre amable, plástico de colores y promesas de eficiencia. Terminó en pérdida de derechos y negocio concentrado. Llamarlo “modernización” no cambia su naturaleza: es salario que deja de ser salario. Y es política pública que deja de ser política para convertirse, otra vez, en un buen negocio privado.