Sáenz congela sueldos de altos funcionarios ante una economía provincial en rojo

La vocera Paula Benavides anunció un decreto de "austeridad y control" por 180 días. Entre la caída de la coparticipación y el fin de los planes sociales para 53.000 salteños, el Gobierno busca mostrar orden fiscal mientras el consumo en las calles se desploma.

En un escenario donde los números ya no cierran y la tensión con Nación no da tregua, el gobernador Gustavo Sáenz decidió mover sus fichas para intentar dar una señal de "ejemplo". A través de la vocera Paula Benavides, el Gobierno provincial anunció un decreto de emergencia que congela por seis meses los sueldos de la planta política: desde el Gobernador y el Jefe de Gabinete hasta directores de empresas estatales. La premisa oficial es que "el ajuste no lo pague la gente", aunque la realidad de la calle cuente otra historia.

La medida no solo toca los bolsillos de los funcionarios, sino que también pone un candado a la administración pública. El decreto suspende vacantes, prohíbe viajes al exterior, limita los gastos de protocolo y —un punto clave— ordena la renegociación de contratos en moneda extranjera. Además, se le exige a cada organismo que rinda cuentas mensualmente al Ministerio de Economía, un nivel de control que delata la preocupación por la falta de liquidez en las arcas provinciales.

La "austeridad" de Sáenz no es casual. Salta acaba de ser incluida entre las 12 provincias que recibirán anticipos de coparticipación bajo el Decreto Nacional 219/2026. Aunque el monto total es de 400.000 millones de pesos a repartir, la provincia sigue dependiendo de la lapicera de la Secretaría de Hacienda nacional para cubrir sus baches financieros. Esta dependencia es lo que obliga al Grand Bourg a endurecer el discurso contra la política económica de Milei, mientras intenta, puertas adentro, ordenar un equilibrio fiscal que ya lleva seis años pero que hoy tambalea.

El golpe al bolsillo: 53.000 salteños sin planes

Más allá de los gestos políticos, Benavides soltó un dato que anticipa una crisis social profunda: desde este mes, unos 53.000 beneficiarios de planes sociales en Salta dejarán de percibir sus ingresos. Esto implica que dejarán de circular unos 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local, impactando directamente en el comercio barrial y el consumo básico.

En este contexto, el anuncio de que se destrabaron los fondos para instituciones de discapacidad suena a una victoria necesaria, pero pequeña frente a la marea de recortes que se avecina. Con el decreto de austeridad, Sáenz intenta blindarse políticamente, pero la verdadera prueba será ver si estos ahorros en el "gasto político" alcanzan para amortiguar el impacto de una Salta que se queda sin recursos y con una deuda social que crece al ritmo de la inflación.