Wayar amaga con la renuncia mientras los vecinos denuncian impunidad total

El ministro Jarsún salió a decir que el intendente que asumió con causas judiciales pendientes, está "abrumado" y que "se siente responsable". Sin embargo, el pueblo lo desmiente: aseguran que el chofer sin registro usaba los vehículos oficiales como propios y con total libertad. ¿Responsabilidad emocional o miedo a la justicia?

La crisis política en La Merced ha tomado un tinte cinematográfico. Después del silencio y de la escandalosa denuncia por el "robo" de la camioneta municipal para despegarse del homicidio de Tomás, el intendente Javier Wayar dejó trascender a través del ministro Ignacio Jarsún que "se le pasó por la cabeza renunciar". Según el relato oficial, el mandatario está "quebrado" porque el niño de 5 años "podría haber sido su hijo". Pero en las calles de La Merced, ese discurso no compra el perdón de nadie: la gente sabe que a Tomás no lo mató la mala suerte, sino una estructura de privilegios que Wayar alimentó.

Mientras el Gobierno Provincial pide "prudencia", los vecinos han roto el pacto de silencio. Diversos testimonios aseguran que Miguel Plaza, el chofer que atropelló y mató en la senda peatonal, no "sustrajo" ningún vehículo. Por el contrario, manejaba las camionetas y autos oficiales con muchísima frecuencia y tenía total libertad para usarlos a su gusto, incluso fuera del horario laboral. La supuesta "sustracción" que denunció Wayar se cae a pedazos frente a la realidad cotidiana de un pueblo que veía al chofer sin registro circular impunemente en bienes del Estado.

 Wayar primero intentó criminalizar a su propio empleado de confianza denunciándolo por robo para salvar su responsabilidad civil y penal. Ahora, ante el fracaso de esa coartada y la presión del corte en la Ruta 68, intenta la vía del "daño emocional". Decir que está "abrumado" es una falta de respeto a la familia de Tomás, que es la única que atraviesa un dolor irreparable.

La responsabilidad de un intendente no se mide por cuánto llora en privado ante un ministro amigo, sino por los controles que no hizo. Si un hombre con certificado de discapacidad y sin licencia de conducir tenía las llaves de la flota municipal a su disposición, el responsable es quien le dio el poder: Javier Wayar.

El amague de renuncia parece ser la última carta para evitar que la Provincia intervenga el municipio ante la acefalía ética y administrativa. La Merced ya no se conforma con "definiciones en el transcurso de la jornada". El pedido es claro: justicia real, que se investigue la complicidad de los funcionarios que permitieron que Plaza maneje y que se termine el uso de los vehículos públicos como si fueran juguetes de los amigos del poder. Si Wayar se siente responsable, que deje de esconderse tras comunicados y entregue su renuncia sin más puestas en escena. El pueblo ya no espera su dolor, espera su salida.

La situación judicial de Wayar

La crisis de legitimidad de Javier Wayar en La Merced no nació con la tragedia del pequeño Tomás, sino que viene gestándose en los despachos judiciales desde hace tiempo. Según reveló una investigación de El Expreso de Salta, el jefe comunal acarrea una serie de denuncias por irregularidades que llamativamente permanecen "dormidas" o demoradas en los tribunales salteños. Javier Wayar continúa imputado “retención indebida e incumplimiento de funcionario público”.

Sin embargo, el cerco económico ya empezó a cerrarse sobre su figura: se confirmó que Wayar sufre actualmente un embargo del 20% de sus honorarios como intendente, una medida cautelar dictada para cubrir un monto total adeudado que la justicia aún intenta ejecutar. Este antecedente de haberes embargados y causas cajoneadas echa por tierra la imagen de "transparencia" que el municipio intenta proyectar en sus comunicados.

Para los vecinos que hoy piden su renuncia, el embargo es la prueba de una gestión viciada por el desmanejo de los fondos públicos, lo que explicaría también la falta de mantenimiento en el parque automotor y la discrecionalidad con la que sus allegados, como el chofer Miguel Plaza, utilizaban los bienes del Estado. En La Merced, la sospecha es unánime: quien no puede administrar sus propias finanzas sin terminar embargado, difícilmente pueda garantizar la seguridad y el orden de todo un pueblo.