El Estado se "autoconsulta" para despedazar la reserva y atropellar a la comunidad Lules

A la polémica entrega de tierras para un club de rugby se suma la oficialización de una ley que desafecta hectáreas para ampliar la Circunvalación Oeste. David Torres, referente indígena, denuncia un desprecio total por el monte nativo y el avance de negocios inmobiliarios que están dejando sin agua a las familias.

La reserva natural Finca Las Costas, el pulmón hídrico que garantiza el agua para los salteños, atraviesa su hora más crítica. Mientras la comunidad se organiza para marchar este jueves contra el proyecto de ley que busca ceder casi 9 hectáreas al Tigres Rugby Club, el Boletín Oficial confirmó un nuevo golpe: la Ley N° 8392 ya es un hecho. Esta normativa desafecta otras 3,5 hectáreas de la reserva para la ampliación de la autopista Circunvalación Oeste, una decisión tomada a espaldas de la Comunidad Indígena Lules, que habita el territorio y posee su carpeta técnica de relevamiento desde el año 2014.

David Torres, referente de la comunidad, denunció con amargura que el Gobierno de Salta ignoró por completo el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada. Según Torres, el Estado llevó adelante una maniobra cínica al "consultarse a sí mismo" a través de la Secretaría de Ambiente, obviando la voz de quienes protegen el monte. A pesar de que la comunidad presentó propuestas alternativas por la zona de Las Tres Palmeras para evitar el impacto ambiental, los legisladores y funcionarios desoyeron los planteos, sentando un precedente gravísimo de avasallamiento institucional que pone en riesgo cualquier territorio protegido de la provincia.

El escenario que describe Torres es el de un asedio constante por múltiples frentes. Mientras la comunidad lucha contra el trazado de nuevas rutas que dividen a las familias por la mitad, el avance inmobiliario de lujo en San Lorenzo Chico —con hoteles de cadenas internacionales y nuevos barrios— está secando las fuentes de las que se proveen los habitantes originarios. "Nos están sacando la poca agua de la que nos proveemos", aseguró el referente, denunciando que en plena crisis hídrica el Estado prioriza el llenado de piscinas y centros tecnológicos por sobre el consumo humano y de los animales de la comunidad, que hoy sobrevive cercada y privada de servicios básicos.

La situación es desesperante: a pesar de existir una medida de "no innovar" dictada por la jueza María Guadalupe Villagrán, las construcciones no se detienen. David Torres advierte que, ante el desprecio de las autoridades provinciales, la única vía que les queda es la judicial y, eventualmente, el reclamo ante instancias internacionales. La marcha de este jueves a las 11:00 frente a la Legislatura ya no es solo por un terreno de rugby, sino un grito desesperado contra un modelo de "desarrollo" que entiende a la Reserva Las Costas como un botín de tierras a repartir, mientras el pueblo se queda sin monte y sin agua.