Ley de Glaciares: el pacto del silencio que unió a opositores y oficialistas para entregar el agua de Salta

En una sesión histórica, los siete diputados nacionales por Salta votaron a favor de flexibilizar la protección de los glaciares. La grieta desapareció milagrosamente: del oficialismo de Sáenz a los libertarios de Milei, todos se alinearon para favorecer el lobby minero bajo la excusa del "desarrollo".

La política es, a veces, un teatro de pésima calidad. Durante meses, nos vendieron que La Libertad Avanza y el oficialismo provincial de Innovación Federal eran el agua y el aceite. Sin embargo, este miércoles, cuando en el Congreso de la Nación se puso en juego la supervivencia de los glaciares, la grieta se cerró por arte de magia. Los siete diputados salteños —sin una sola fisura— votaron a favor de reformar la Ley 26.639, permitiendo que las mineras avancen sobre ambientes periglaciales que hasta hoy eran intocables.

La reforma, aprobada con 137 votos afirmativos, introduce una trampa semántica peligrosa: la protección ya no será amplia, sino que quedará sujeta a una “función hídrica comprobable”. En criollo, esto significa que si una minera quiere explotar un cerro con hielo, solo necesita un informe técnico (muchas veces pagado por la propia empresa) que diga que ese glaciar "no aporta tanta agua", y listo: las máquinas pueden empezar a trabajar. Es el permiso legal para el saqueo en zonas donde nace el recurso más escaso de nuestra provincia.

Lo que más indigna al pueblo salteño es la uniformidad del voto. Por un lado, los libertarios Emilia Bruno, Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata levantaron la mano convencidos de la desregulación total. Por el otro, los hombres del gobernador Gustavo Sáenz —Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega— hicieron lo propio bajo el argumento del federalismo. Enfrentados en los medios, pero unidos en la praxis para beneficio de las multinacionales del litio y el cobre.

Pablo Outes, en un discurso que pareció redactado por una cámara minera, defendió la reforma hablando de "generación de empleo" y de "devolver facultades a las provincias". El cinismo es absoluto: hablan de federalismo para decidir sobre la entrega de recursos, pero nunca para defender el presupuesto universitario o el transporte de los salteños. La postura de "controlar pero no prohibir" es una fantasía en una provincia donde el control ambiental es, históricamente, un saludo a la bandera.

Con esta votación, Salta se posiciona como el mejor alumno del modelo extractivista. Los legisladores que hoy celebran haber "destrabado inversiones" son los mismos que ignoran las marchas que ayer recorrieron nuestras calles. Para ellos, los más de 600 glaciares de Salta son apenas un "obstáculo técnico" en una planilla de Excel.

Este voto unificado es la prueba de que, para la clase política salteña, la protección del agua no tiene bandera, pero sí tiene precio. Mientras ellos brindan por los dólares que prometen las mineras, los salteños nos quedamos con una ley mutilada y la incertidumbre de cuánto tiempo más durará el agua en nuestras cuencas. La traición ha sido completa: la oposición no existió y el oficialismo fue el mejor aliado del ajuste ambiental.