El Gobierno endurece penas para delitos comunes pero esquiva el castigo a la corrupción

La nueva propuesta que enviará el Ejecutivo al Congreso busca elevar los mínimos de prisión para robos y hurtos, aunque mantiene sin cambios las escalas para los delitos de "guante blanco".

El Gobierno Nacional terminó de delinear una profunda modificación en su proyecto de reforma del Código Penal, introduciendo cambios que endurecen de forma drástica las sanciones para los delitos denominados "de calle", pero dejando fuera de la mayor presión punitiva a los hechos de corrupción administrativa.

La nueva estrategia oficial, que busca ser enviada al Congreso en los próximos días, propone elevar sustancialmente los mínimos de las penas para delitos como robos, hurtos y hurtos con escalamiento, buscando asegurar que una mayor cantidad de condenados por estos hechos cumplan prisión efectiva y pierdan el beneficio de la excarcelación temprana.

Sin embargo, el punto que ya despierta fuertes críticas en la oposición y en sectores académicos es la decisión de no aplicar la misma vara para los delitos contra la administración pública. Según el borrador de la reforma, las escalas penales para malversación de fondos, cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública no sufrirían los incrementos previentes en el proyecto original.

Esta distinción establece una asimetría marcada: mientras un ciudadano común enfrentará penas mucho más severas por un delito contra la propiedad, los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción seguirán bajo el régimen actual, lo que para muchos analistas representa una señal de "selectividad penal" que contradice el discurso oficial de lucha contra la casta.

Desde el Ministerio de Justicia defienden la medida argumentando que la prioridad social hoy es el combate a la inseguridad ciudadana y la reincidencia en delitos comunes que afectan el día a día de la población. No obstante, el endurecimiento de penas para el escalafón más bajo del sistema delictivo promete un debate encendido en las comisiones legislativas, donde se pondrá bajo la lupa si esta reforma realmente busca la justicia o si se trata de una herramienta de control social que protege los estratos más altos del poder. Para Salta, donde los juicios por corrupción municipal y provincial suelen dilatarse años sin sentencias de prisión efectiva, esta omisión en la reforma nacional se lee con especial atención en los pasillos de la Ciudad Judicial.