La Justicia no suelta a Vera: ahora fueron por la familia

La Justicia de Salta intenta avanzar con una muestra genética clave en el entorno de Santos Clemente Vera, mientras la defensa advierte sobre irregularidades procesales y no descarta un escenario de extracción compulsiva. El antecedente de una condena injusta por colaborar vuelve a gravitar pero ahora en el marco de un diagnóstico de cáncer.

A casi 15 años del crimen de las turistas francesas en San Lorenzo, la causa vuelve a sacudirse con una disputa que combina técnica procesal, derechos constitucionales y memoria judicial. En el centro de la escena, en la búsqueda de justicia aclamada por Jean Michel Bouvier, aparece nuevamente el entorno de Santos Clemente Vera, quien pasó más de 11 años detenido hasta ser absuelto, y ahora enfrenta, de manera indirecta, un nuevo avance probatorio: la obtención de ADN de su esposa.

El abogado de la familia, Dr. Roberto Reyes, brindó una entrevista a el Murishow, y allí explicó que la discusión no gira en torno a una negativa cerrada a colaborar, sino a las condiciones en que se pretende realizar la medida. “Ella está dispuesta a entregar la muestra, pero si se respetan todas las garantías constitucionales y procesales”, sostuvo.

El planteo apunta directamente a la actuación del Juzgado de Garantías N°1, al que cuestionan por fundamentar la medida en términos genéricos de “necesidad y urgencia”, sin detallar adecuadamente los recaudos legales. Para la defensa, un procedimiento mal instrumentado podría derivar en la nulidad de la prueba y, en consecuencia, volver a viciar el expediente.

El abogado de la familia Vera se encargó de dejar en claro algo muy importante: el antecedente pesa. “El marido (por Santos) se sometió voluntariamente a esta prueba y eso le costó 11 años de prisión”, recordó el letrado, en alusión al derrotero judicial de Vera. En ese contexto, la estrategia defensiva busca evitar que se repita un escenario donde la fragilidad de la evidencia termine condicionando decisiones judiciales de alto impacto. La sospecha, además, es que desde el Ministerio Público Fiscal se intenta instalar una duda pública frente a la eventual negativa: “Se siembra la idea de qué tendrá que ocultar, cuando en realidad lo que se discute es la legalidad del procedimiento”.

Como si fuese poco el martirio que atravesó la familia Vera por la detención de Santos que duró poco más de 11 años, el cuadro se complejiza por la situación personal de Beatriz, quien atraviesa una enfermedad grave: cáncer de cerebro. Reyes remarcó que la Justicia tiene conocimiento de ese estado y que, aun así, se avanzó con medidas que incluyeron la presencia policial en el domicilio. “Hace falta humanidad”, insistió el abogado, al sugerir alternativas menos invasivas, como la toma de muestra en el hogar mediante dispositivos adecuados. También advirtió sobre el impacto psicológico en la familia, particularmente en los hijos, al exponerlos nuevamente a escenas asociadas al pasado judicial del caso.

Mientras, el abogado defensor no descarta un escenario más extremo. Mencionó la posibilidad de que se ordene una “extracción compulsiva”, un recurso previsto en el ordenamiento procesal pero de aplicación excepcional, que habilita el uso de la fuerza pública para obtener material genético. De avanzar en esa dirección, el caso volvería a poner bajo escrutinio el delicado equilibrio entre la potestad investigativa del Estado y la protección de derechos individuales, en un expediente que ya dejó huellas profundas sobre los riesgos de error judicial en Salta.

Un dato no menor que señaló el Dr. Reyes es que cuando sucedió el asesinato de Houria Moumni y Cassandre Bouvier, Beatriz residía en barrio Autódromo, al extremo este de San Lorenzo.