Furia, gases y dolor en la Ruta 68: La Merced exige justicia por Tomás ante el silencio de Wayar

Tras el fallecimiento de Tomás, de 5 años, el jefe comunal rompió el silencio con una estrategia insólita: acusó a su empleado de confianza de llevarse el vehículo oficial sin permiso. El pueblo estalló, cortó la Ruta 68 y hubo incidentes con Infantería.

La Merced no tiene paz. Lo que comenzó como el desgarrador luto por la muerte de Tomás Alancay, el niño de cinco años atropellado por una camioneta municipal, se convirtió en una batalla campal y un escándalo institucional sin precedentes. Mientras la familia velaba al pequeño, el intendente Javier Wayar lanzó un comunicado que cayó como un insulto en la comunidad: aseguró que el vehículo vinculado al hecho fue "sustraído" sin su conocimiento y que radicó una denuncia penal contra el conductor, quien resulta ser su propio chofer personal y hombre de confianza desde hace años, José Plaza.

La estrategia de Wayar de presentarse como una víctima más de la "sustracción" de un bien público bajo su custodia no convenció a nadie. Los vecinos denuncian que Plaza conducía habitualmente los vehículos oficiales y que, incluso, poseería un carnet de discapacidad que le impediría tener licencia habilitante, lo que agrava la responsabilidad del municipio. Para el pueblo, la frase del intendente diciendo que "pudo haber sido mi hijo" suena a una puesta en escena para evitar el costo político de un hecho que ya tiene a la justicia y a la sociedad pidiendo su renuncia.

La indignación ante el silencio inicial y la posterior "explicación" oficial llevó a los manifestantes desde la puerta de la Municipalidad directamente a la Ruta Nacional 68. El corte fue total y la tensión alcanzó su punto máximo cuando el personal de Infantería intentó desalojar la calzada por la fuerza. Hubo forcejeos, gritos y una resistencia firme de los vecinos que exigen respuestas reales y no comunicados de prensa. "Justicia por Tomás" es el único reclamo que une a un pueblo que se siente traicionado por la "casta" local que ahora intenta soltarle la mano a su propio chofer para salvar el cargo.

Wayar pidió "el máximo rigor judicial" y solicitó "no politizar la tragedia", una frase clásica de la política cuando se ve acorralada por sus propias negligencias. Sin embargo, las preguntas queman: ¿Cómo es que un empleado de su entorno íntimo se lleva una camioneta oficial sin que nadie lo note? ¿Por qué se permitió que una persona presuntamente no apta para conducir estuviera al mando de recursos del Estado?

La investigación judicial ahora tiene dos frentes: la mecánica de la muerte de Tomás y la veracidad de la denuncia por robo que hizo el intendente. En La Merced, la desconfianza es total. El blindaje que históricamente protegió a los "amigos del poder" parece haberse agrietado con la sangre de un niño de cinco años, y el pedido de renuncia del jefe comunal ya no es un eslogan, sino un clamor que se escucha entre los forcejeos con la policía en plena ruta.