Justicia por Tomás: el chofer de Wayar atropelló en la senda peatonal, no tenía registro y abandonó al niño

Giro escandaloso en la causa de La Merced: se confirmó que Miguel Plaza circulaba a alta velocidad y poseía un certificado de discapacidad que le impedía tramitar la licencia de conducir. Tras el impacto, el empleado municipal no auxilió a la víctima.

Lo que la comunidad de La Merced gritaba en las rutas, hoy lo confirman los informes oficiales: la muerte de Tomás Sotero Alancay fue el resultado de una temeridad absoluta amparada por el poder. El niño de apenas 5 años no estaba "jugando en la calle"; cruzaba correctamente por la senda peatonal junto a su familia cuando fue embestido por la camioneta vinculada al intendente Javier Wayar. El vehículo, según testigos presenciales, circulaba a una velocidad impropia para una zona urbana, transformando una herramienta de trabajo municipal en un arma mortal.

La situación procesal de Miguel Plaza, el chofer y hombre de confianza del jefe comunal, es insostenible. Según reveló El Tribuno, Plaza no contaba con licencia de conducir habilitante. El agravante es todavía más oscuro: el conductor posee un certificado de discapacidad, una condición que le impedía legalmente obtener el registro y que, por lógica elemental, debería haberle prohibido estar al mando de cualquier vehículo oficial. ¿Quién en la Municipalidad de La Merced autorizó a una persona sin registro y sin aptitud física a conducir una camioneta del Estado? La responsabilidad ya no es solo del chofer, sino de la cadena de mando que permitió esta irregularidad.

A la conducción temeraria se le suma un cargo que genera un repudio social unánime: el abandono de persona. Tras el impacto que terminó con la vida de Tomás, Plaza no bajó a asistir al niño ni intentó maniobras de auxilio inmediatas. Los registros indican que hubo una demora injustificable en la comunicación con el sistema de emergencias 911, priorizando quizás el aviso a sus superiores políticos antes que la vida que acababa de arrebatar.

Especialistas legales consultados aseguran que la acumulación de agravantes —falta de habilitación, exceso de velocidad, cruce en senda peatonal y omisión de auxilio— encuadran el caso en un homicidio cuya condena superaría holgadamente los cinco años de prisión efectiva. No hay margen para el "homicidio culposo" simple; aquí hubo un desprecio total por las normas básicas de convivencia y seguridad.

Mientras el intendente Javier Wayar intenta despegarse con denuncias de "sustracción" del vehículo, la realidad judicial lo acorrala: un empleado suyo, en un vehículo suyo, mató a un niño en el lugar donde el peatón es sagrado. La Merced no pide disculpas ni comunicados de prensa; exige que la justicia actúe con la vara más alta y que caigan todos los responsables, desde quien apretó el acelerador hasta quien le entregó las llaves a un hombre que no podía manejar.