La Puna al límite: domicilios 'fantasma' y mineras que dejan a los vecinos sin transporte

En San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, los verdaderos habitantes se quedan a pie. Denuncian que trabajadores de otras zonas falsean su residencia para entrar a las mineras, saturando el escaso servicio público.

La Puna salteña está estallando, pero no por la prosperidad que prometen los folletos oficiales, sino por un colapso social y de infraestructura que ya es insostenible. Mientras los camiones cargados de mineral bajan sin pausa hacia el puerto, los vecinos de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande denuncian una maniobra que los está dejando sin servicios básicos: el avance de los "domicilios fantasma". Se trata de personas que, para cumplir con el requisito de "mano de obra local" que exigen las mineras, cambian su domicilio a la Puna sin residir efectivamente allí, generando una demanda artificial que ha quebrado el sistema de transporte.

El resultado es desesperante para el puneño de pura cepa. Los colectivos que conectan la zona con la capital salteña viajan desbordados, y quienes realmente viven en el lugar se ven obligados a quedarse parados o, directamente, a perder sus turnos médicos o trámites porque no hay asientos disponibles. La situación se agrava durante los días de recambio laboral, cuando la marea de trabajadores satura el único servicio existente.

"El colectivo ya no alcanza. Si tenés una emergencia, no hay opciones", relatan con amargura los vecinos, quienes ven cómo el "progreso" minero les pasa por la puerta pero les quita la posibilidad de moverse.

Ante la falta de respuestas de las empresas y del Estado, ha florecido un mercado paralelo de transporte privado con precios prohibitivos. Un viaje particular desde la Puna hasta Salta Capital puede costar hasta $200.000, una cifra imposible para cualquier familia trabajadora de la zona. Con la llegada inminente de las bajas temperaturas y el invierno puneño, la preocupación crece: quedarse varado en la ruta o en la terminal ya no es solo una molestia, es un riesgo para la salud en una región donde el clima no perdona.

El reclamo de las comunidades apunta directamente a la falta de controles sobre la residencia efectiva. Los vecinos exigen que se deje de validar el "domicilio fantasma" y se priorice a quienes tienen arraigo real en la zona. Esta crisis desnuda la gran mentira del derrame minero: las empresas obtienen beneficios fiscales y estabilidad, mientras que la infraestructura local —caminos, salud y transporte— no crece ni un milímetro.

La Puna hoy es el escenario de una desigualdad obscena. Por un lado, la tecnología de punta y la logística millonaria de las mineras; por el otro, el habitante original que debe mendigar un asiento en un colectivo desvencijado o pagar fortunas para llegar a un hospital. Mientras la política siga facilitando el negocio extractivo sin exigir una inversión real en la vida de los puneños, el "progreso" seguirá siendo un espejismo que solo se ve desde las oficinas de la capital.