


Mientras la inflación real pulveriza los ingresos, el Gobierno nacional oficializó un incremento irrisorio. En Salta, cobrar $109.000 por hijo es una condena a la malnutrición frente a los tarifazos de abril.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a abril de 2026, y las cifras son, para ser generosos, desalentadoras. Con un ajuste basado en la inflación de febrero, el incremento será de apenas un 2,9%. Esto significa que, en mano, la mayoría de los beneficiarios percibirá $109.332,80 por hijo, una cifra que en el contexto actual de Salta —con el boleto de colectivo a $1.450 y la canasta básica por las nubes— resulta una burla a las necesidades básicas de los sectores más vulnerables.
El esquema de movilidad mensual vigente sigue corriendo muy por detrás de la realidad del bolsillo. Al tomar como referencia la inflación de hace dos meses, el Gobierno nacional garantiza que el poder de compra de la asignación esté permanentemente degradado. Aunque se mantienen los "extras" como la Tarjeta Alimentar (que para un hijo es de $52.250) y el Complemento Leche, la suma total sigue dejando a miles de familias por debajo de la línea de indigencia. En nuestra provincia, donde el costo de vida es más alto que en el centro del país por el flete y la energía, este "aumento" desaparece antes de salir del cajero automático.


Como es habitual, el Estado retiene el 20% del monto bruto ($27.333) hasta que se presente la Libreta AUH. Si bien existe una excepción para familias con hijos de hasta 4 años —que cobrarán el 100% por validación automática—, para el resto de los adolescentes y niños en edad escolar, el Estado se queda con una quinta parte de un beneficio que ya de por sí es escaso. Es un "ahorro" que el fisco hace a costa de la alimentación diaria de los pibes de los barrios más humildes de Salta.
El cronograma de pagos comenzará recién el 10 de abril para los DNI terminados en 0, extendiéndose hasta el 23 de abril. Para muchas familias que ya agotaron sus recursos de marzo, esta espera de casi dos semanas es una eternidad. Mientras los funcionarios nacionales celebran el "equilibrio fiscal" en las redes sociales, en las paradas de colectivo y en los almacenes de barrio de Salta se siente el peso de un ajuste que eligió a los niños y a los trabajadores informales como su principal variable de recorte. Cobrar 136 mil pesos brutos por hijo no es una política de inclusión; es apenas un respirador artificial para un sistema que está asfixiando a quienes menos tienen.


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