Diputados tiene como tema la incorporación de la “reiterancia delictiva”

La propuesta, impulsada por Guillermo Durand Cornejo, busca que este criterio sea causal para dictar prisión preventiva.

La Cámara de Diputados de Salta tiene incluido para tratamiento este martes 12 de agosto un proyecto de ley que incorpora el concepto de reiterancia delictiva habitual al Código Procesal Penal de la provincia. 

La iniciativa, fue presentada por el diputado Guillermo Durand Cornejo (Partido Conservador Popular), con fecha 24 de enero de 2024 deberá obtener dictamen de las comisiones de Justicia y Legislación General antes de llegar al recinto.

Lo curioso, es que el proyecto llega al acta de temas después de un año y siete meses de haber sido presentado y a dos semanas de que ingresó formalmente un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone numerosas modificaciones al Código Procesal Penal de la provincia.

Este argumento sería suficiente para descartar la iniciativa de reforma ya que, se entiende está contenida en otra más abarcativa. 

La reiterancia se define como la situación en la que una persona tiene dos o más imputaciones penales en curso en distintos procesos, aunque no haya condenas firmes. Según el proyecto, este criterio permitiría a los jueces dictar prisión preventiva como medida cautelar, sumándose a las causales ya vigentes de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Durand Cornejo argumenta que, sin esta figura, alguien puede cometer múltiples delitos mientras sus causas avanzan en la justicia sin que ello sea tenido en cuenta para negar excarcelaciones. A su juicio, la reiteración de delitos demuestra un desprecio sistemático por la ley y justifica un mayor rigor preventivo.

El debate sobre esta figura no es nuevo y ha generado posturas encontradas. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advierten que su aplicación podría afectar el principio de inocencia y aumentar la población en prisión preventiva, que ya representa un alto porcentaje de las personas detenidas. También señalan el riesgo de que la figura se utilice contra manifestantes o personas acusadas de delitos menores, hoy excarcelables.

La iniciativa también contempla ajustes al concepto de reincidencia, que pasaría a aplicarse a toda persona con dos o más condenas privativas de libertad, aunque una de ellas haya sido de ejecución condicional.

De aprobarse, el proyecto sumaría una nueva herramienta para la justicia penal, aunque con un debate abierto sobre sus posibles impactos en derechos y garantías.