Prórroga de la emergencia sociosanitaria: avances en el norte vs críticas a la “emergencia permanente”

El Tintero Legislativo 11/11/2025 Diputados
68247-emergencia-sociosanitaria-el-gobierno-publico-las-contrataciones-para-la-adquisicion-de-modulos-alimentarios

La Cámara de Diputados debatió la extensión por 180 días de la emergencia sociosanitaria en San Martín, Orán y Rivadavia, vigente desde 2020. Mientras el oficialismo defendió la continuidad de la herramienta por los indicadores de mejora en salud y acceso al agua, la oposición denunció falta de planificación, discrecionalidad y uso político de las emergencias.

La Legislatura salteña volvió a discutir un tema sensible y estructural: la situación sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, donde la pobreza, la falta de agua segura, la desnutrición infantil, las enfermedades estacionales y las barreras culturales siguen marcando la vida cotidiana de miles de familias, en especial de las comunidades originarias.

El proyecto en debate propone prorrogar por 180 días la emergencia sociosanitaria establecida por la Ley 8.185, ya extendida por las leyes 8.410, 8.472 y por los decretos 249/2024 y 267/2025 del Poder Ejecutivo. La discusión volvió a abrir una grieta: ¿la prórroga es una herramienta necesaria para sostener políticas en el territorio o la prueba del fracaso de una gestión que naturalizó gobernar bajo excepción?

Los argumentos a favor: “La emergencia permitió salvar vidas”

La legisladora Laura Cartuccia defendió la prórroga destacando que, lejos de ser un mero enunciado, la emergencia sociosanitaria permitió acciones focalizadas y respuestas más ágiles en zonas históricamente postergadas.

Señaló que en los tres departamentos del norte “se combina distancia, falta de agua segura, brotes estacionales y barreras idiomáticas”, factores que sostienen un “riesgo sanitario alto” y justifican la continuidad del marco excepcional. Según la legisladora, la herramienta permitió:

  • Mejoras en salud materno-infantil.
  • Reducción de brotes epidémicos, como el dengue.
  • Fortalecimiento del modelo de atención focalizada contra la desnutrición.
  • Altos niveles de recuperación en los Centros de Recuperación Nutricional: Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este alcanzaron una tasa de recuperación del 94,4% de los niños internados y una reducción del tiempo de internación.
  • Disminución del 11% en los ingresos a esos centros respecto de 2024.
  • Impacto positivo de los suplementos nutricionales apoyados por UNICEF, con mejoras en desnutrición aguda y anemia.
  • Avances en acceso a agua segura, controles sobre depósitos y potabilización.
  • Incorporación de facilitadores culturales y formación de enfermería bilingüe wichí, para mejorar la atención con enfoque intercultural.

La diputada Gladys Paredes, médica y una de las voces con experiencia directa en el territorio, respaldó la continuidad de la emergencia y reivindicó las políticas aplicadas en los últimos años. Recordó que históricamente advirtió a gobiernos anteriores por la muerte de niñas y niños en el norte y sostuvo que, con las acciones actuales, “los chicos llegan en otro estado” a los hospitales y “ya no se mueren como antes”. Paredes defendió al sistema de salud del norte frente a las críticas opositoras y pidió “ver la realidad en territorio antes de hablar de fracaso”.

Las críticas: “Emergencia eterna, falta de plan y riesgo de corrupción”

Del otro lado, legisladores opositores cuestionaron con dureza la prórroga, señalando que la emergencia se transformó en una forma de gestión crónica, sin evaluación transparente ni planificación sustentable.

La diputada Sofía Sierra acusó al oficialismo de usar la herramienta como atajo para gobernar sin control:
Sostuvo que la renovación “atrasa”, vuelve “vaga la planificación, la ejecución y el control” y “abre puertas a hechos de corrupción”. Señaló que el texto de las prórrogas es prácticamente idéntico al de años anteriores, lo que para ella demuestra que “nada cambió, nada se resolvió” y que programas como reservorios de agua o asistencia alimentaria deberían estar incorporados en el Presupuesto 2026, no atados a una ley excepcional.

“Prorrogar emergencias de manera sucesiva es sinónimo de falta de plan, de falta de ejecución y de mediocridad”, lanzó, recordando además casos denunciados de contrataciones directas bajo otros regímenes de emergencia.

En la misma línea, el diputado Roque Cornejo calificó la nueva extensión como “la muestra del fracaso de la administración provincial”. Afirmó que Salta “parece récord en emergencias” y que gobernar bajo esa lógica refleja la “ausencia total de un programa político”.

Cornejo advirtió que la emergencia sirve como vía para agilizar contrataciones sin la suficiente transparencia, amparadas en la normativa de contrataciones abreviadas, y cuestionó la falta de un informe detallado sobre las obras y resultados concretos obtenidos en estos años. Planteó que si hubo recursos extraordinarios, esos impactos deberían estar visibles en los datos oficiales y en el anuario estadístico de la provincia.

Entre la herramienta urgente y la deuda estructural

El debate deja expuesta una tensión central en la política salteña:

  • Para el oficialismo y parte del arco sanitario, la prórroga de la emergencia sociosanitaria sigue siendo indispensable para sostener medidas que mostraron resultados en un territorio atravesado por la desigualdad histórica, la falta de infraestructura y las brechas culturales.
  • Para la oposición, la emergencia se transformó en una muleta permanente que oculta la falta de políticas estructurales, debilita los controles, habilita discrecionalidad y posterga la obligación de incorporar soluciones duraderas en la planificación presupuestaria.

Mientras se multiplica la disputa discursiva en el recinto, en San Martín, Orán y Rivadavia persisten las mismas preguntas de fondo: ¿La emergencia es todavía una herramienta necesaria para salvar vidas o una coartada para no asumir una política pública de largo plazo? ¿Los indicadores de mejora alcanzan para justificar nuevas prórrogas o es tiempo de exigir un plan integral, con metas, plazos y controles claros?

La respuesta, más allá de las votaciones, seguirá midiendo su veracidad lejos de la Legislatura: en los parajes, en los hospitales, en las comunidades originarias y en la vida cotidiana de las familias del norte salteño.

Te puede interesar
Lo más visto