Caso Débora Bulacio: otra mujer que el Estado no supo proteger

El cuerpo de Débora Bulacio, de 38 años, fue hallado en Necochea tras varios días de búsqueda. Había desaparecido luego de discutir con su pareja en un camping. El hecho vuelve a exponer la violencia machista y la falta de respuestas tempranas del Estado.

La policía bonaerense confirmó este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de Débora Bulacio, de 38 años, quien permanecía desaparecida desde el fin de semana tras una discusión con su pareja en un camping de Necochea. La noticia vuelve a encender las alarmas sobre las violencias que atraviesan la vida de las mujeres y las deudas del Estado en prevención, respuesta temprana y acceso a la justicia.

Según la información oficial, Débora fue vista por última vez luego de una pelea con su pareja en el predio turístico donde ambos se alojaban. Desde entonces se inició su búsqueda hasta que efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron su cuerpo. Ahora la justicia deberá determinar las causas de la muerte y reconstruir las horas previas, en un contexto donde la pregunta es ineludible: ¿hubo responsabilidad de su entorno y del Estado en no garantizar su protección?

Lejos de ser un hecho aislado, el caso de Débora se inscribe en una trama conocida: mujeres que desaparecen tras episodios de conflicto o violencia con parejas o ex parejas; entornos que minimizan señales de riesgo; fuerzas de seguridad que no siempre activan con urgencia los protocolos de búsqueda; sistemas judiciales que tardan en intervenir; coberturas mediáticas que hablan de “misterios” o “dramas personales” antes que de posibles femicidios o violencias de género.

Desde una perspectiva de género, el hallazgo del cuerpo de Débora obliga a evitar la revictimización y a exigir que la investigación se lleve adelante con todos los protocolos vigentes para casos donde intervienen parejas o vínculos afectivos, un elemento presente en la mayoría de los femicidios del país. Eso implica indagar antecedentes de violencia, testimonios de familiares y amistades, los movimientos de su pareja antes y después de la desaparición y la actuación de las fuerzas de seguridad desde el primer momento.

No se trata solo de esclarecer una muerte, sino de poner en el centro el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, a ser buscadas de inmediato cuando desaparecen en contextos de riesgo y a no ser reducidas a una estadística. El caso de Débora vuelve a interpelar a todos los poderes del Estado: la prevención no puede seguir siendo tardía, la respuesta judicial no puede ser lenta, la protección no puede depender del nivel de exposición mediática.

El Estado que llega tarde

Decir que el Estado no la supo proteger no es una consigna vacía: es el reconocimiento de una falla estructural. Débora no murió solo en el marco de una discusión, sino en un entramado de demoras, omisiones y desarticulaciones institucionales que se repiten en cada caso. No hubo prevención efectiva, no hubo búsqueda inmediata con enfoque de riesgo, no hubo una respuesta coordinada entre los organismos que debían garantizar su seguridad.

Cuando una mujer desaparece después de un episodio de violencia y el sistema responde tarde o fragmentado, esa muerte deja de ser solo un crimen: se convierte en una deuda colectiva.

El nombre de Débora Bulacio se suma hoy al reclamo de “Ni una menos”, que exige algo básico y urgente: que cada alerta sea escuchada, que cada denuncia sea tomada en serio, que cada protocolo se cumpla y que el Estado deje de llegar después.