Los colegios privados podrán fijar libremente sus cuotas

El Gobierno derogó una norma vigente desde 1993 y habilitó la libre determinación de aranceles, matrículas y salarios en el sistema educativo privado. Especialistas advierten por el riesgo de segmentación y pérdida de accesibilidad.

El Ejecutivo nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, una medida que pone fin a más de tres décadas de supervisión pública en el sector educativo. La decisión fue oficializada este martes a través del Decreto 787/2025, que deroga el histórico Decreto 2417/1993, vigente desde el gobierno de Carlos Menem.

A partir de esta disposición, los institutos de gestión privada podrán fijar libremente el valor de sus matrículas y cuotas, sin necesidad de solicitar autorización ni informar previamente al Estado. La norma también extiende la lógica de “libertad de mercado” al ámbito laboral, al sugerir que los colegios deberían poder acordar salarios y condiciones de contratación sin intervención estatal. 

Una medida en línea con la desregulación general

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de desregulación económica impulsado por la administración nacional bajo la premisa de “reducir la injerencia estatal en las relaciones entre privados”. En sus fundamentos, el texto sostiene que los controles sobre los aranceles “afectaban el derecho de propiedad y la libertad de contratación”, e incluso podían “entorpecer la calidad educativa” al impedir ajustes ágiles ante la suba de costos.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, fue instruido además a revisar el Decreto 2542/1991, considerado la base del sistema de financiamiento de la enseñanza privada, con el objetivo de avanzar hacia un modelo competitivo regido por la oferta y la demanda. 

Impacto y controversias

La decisión despierta preocupaciones en el ámbito educativo, especialmente entre las familias que eligen colegios privados de bajo costo o cooperativos, donde las cuotas suelen ajustarse en coordinación con el Estado. Sindicatos docentes y asociaciones de padres advierten que la medida podría profundizar la desigualdad, generando una brecha mayor entre instituciones de elite y establecimientos con orientación comunitaria o confesional.

“Desvincular el control estatal del sistema educativo privado es dejar el acceso a la educación librado al poder adquisitivo de las familias”, sostuvo un referente del sector educativo consultado por este medio. En contrapartida, desde el oficialismo aseguran que “la competencia fomentará la eficiencia y la calidad”, en sintonía con la doctrina de libre mercado que orienta la política del Ejecutivo.

Una nueva etapa para la educación privada

Con esta reforma, el Gobierno avanza sobre uno de los pocos mecanismos de regulación económica que se mantenían vigentes desde la década del ’90. La liberación de aranceles y la revisión del esquema de financiamiento marcan un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el sistema educativo privado.

Mientras tanto, las provincias —que son las que finalmente autorizan el funcionamiento de los colegios— deberán definir si adoptan medidas complementarias para proteger el acceso a la educación privada en sectores medios y populares, o si acompañan la política de total liberalización impulsada desde Nación.