



Laura Jorge y Eliana Chuchuy protagonizaron un intenso debate en el Concejo Deliberante capitalino por la distribución de subsidios al transporte público. Mientras una apuntó contra “los curros” del sistema, la otra advirtió sobre una mirada porteñocentrista que castiga al interior.
La política de subsidios al transporte público generó un encendido intercambio entre concejalas de la ciudad de Salta durante la última sesión del Concejo Deliberante. En el centro de la polémica: el rol de SAETA y las declaraciones del diputado provincial Roque Cornejo, quien cuestionó el sistema actual de distribución y propuso eliminar intermediarios para que el beneficio llegue directamente al usuario.
La concejala Laura Jorge respaldó la postura del legislador libertario y defendió el planteo de redistribuir los fondos. “Lo que dice el diputado Roque Cornejo es que la distribución tendría que ser en otro sentido, que vaya directamente al beneficiario y no que la empresa SAETA se termine quedando con el subsidio, con esa plata que tendría que ir a donde corresponde”.


La ex radical Jorge acusó a sus colegas y a algunos medios de tergiversar el mensaje de Cornejo. “Es lamentable que se quiera confundir a la gente e instalar el miedo, como lo hicieron con la universidad pública, diciendo que iba a cerrar. Lo único que se hizo fue mostrar todos los curros, todo el robo que había en el sistema público”.
La edil fue más allá y aseguró que una parte considerable del presupuesto destinado a personas con discapacidad termina en manos de la empresa de transporte. “El 85% del presupuesto de la Secretaría de Discapacidad e Inclusión termina yendo a SAETA, no a las personas que lo necesitan”.
Frente a estas afirmaciones, la concejala Eliana Chuchuy salió al cruce y brindó una defensa del sistema actual, al tiempo que criticó la quita de subsidios al interior del país por parte del gobierno nacional. “Hoy hay una intervención de SAETA justamente a favor de los usuarios, para que puedan seguir teniendo un servicio que acompañe a la situación de los salarios, que están profundamente depreciados”.
Chuchuy sostuvo que, si bien el servicio “es perfectible”, debe reconocerse que el transporte salteño continúa garantizando boletos sociales para sectores vulnerables. “Gran parte de nuestra sociedad puede acceder a boletos para personas con discapacidad, jubilados, estudiantes. Contemos todo. Porque las decisiones que se toman desde Nación no son federales: los subsidios se mantuvieron en el AMBA, pero fueron eliminados para el resto del país”.
La discusión expuso dos visiones enfrentadas sobre el rol del Estado en la prestación de servicios esenciales. De un lado, una crítica al “gasto” y a la intermediación estatal; del otro, una defensa de los derechos sociales y de un federalismo que, según Chuchuy, está siendo cada vez más erosionado.


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