El proyecto de regularización de tierras de Salta Forestal, en compás de espera

Un importante Mensaje y Proyecto de Ley que busca regularizar la situación dominial de los ocupantes de tierras pertenecientes a la exempresa provincial Salta Forestal S.A., se encuentra estancado en la Legislatura. La iniciativa, clave para miles de familias salteñas, aún no cuenta con los dictámenes favorables de varias comisiones clave, lo que frena su avance.

El proyecto tiene como objetivo central brindar seguridad jurídica a las personas que, por años, han ocupado y trabajado parcelas de estas extensas propiedades provinciales. La regularización dominial es un paso fundamental para que estas familias puedan acceder a derechos básicos, mejorar sus condiciones de vida y potenciar el desarrollo productivo en sus asentamientos.

Salta Forestal S.A. fue una empresa estatal provincial que poseía vastas extensiones de tierras en distintas zonas de la provincia. Con el tiempo, muchas de estas parcelas fueron ocupadas por familias rurales y pequeños productores, generando una situación de irregularidad legal que el proyecto de ley busca subsanar, transformando la posesión en propiedad legítima.

Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de la opinión de cuatro comisiones fundamentales, sin las cuales su tratamiento en el recinto legislativo es inviable. Se trata de las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto, Producción y Legislación General.

La ausencia de un dictamen de la Comisión de Obras Públicas sugiere que aún no se ha evaluado en profundidad el impacto del proyecto en el ordenamiento territorial y las infraestructuras asociadas a estas regularizaciones. Esto es crucial para asegurar un desarrollo planificado de las áreas beneficiadas.

Por otro lado, la falta de aprobación de Hacienda y Presupuesto indica que aún no se ha analizado el impacto fiscal del proyecto, incluyendo posibles costos administrativos para el Estado provincial o los ingresos que podría generar la regularización. La viabilidad económica es un pilar para cualquier ley de estas características.

Asimismo, la Comisión de Producción debe expedirse sobre las implicancias del proyecto en las actividades productivas rurales y el desarrollo agrícola o forestal de las tierras. Su dictamen es esencial para garantizar que la regularización fomente el crecimiento económico de los ocupantes.

Finalmente, la ausencia del dictamen de Legislación General es un punto crítico, ya que esta comisión es la encargada de revisar la legalidad, constitucionalidad y coherencia del proyecto con el resto del marco jurídico provincial y nacional. La falta de este aval significa que la iniciativa todavía presenta dudas sobre su encuadre legal, prolongando la incertidumbre para los miles de ocupantes que anhelan la titularidad de sus tierras.