Macri en la mira de la justicia | La Corte Suprema reabre la causa Correo Argentino

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido reabrir la causa Correo Argentino, un expediente de larga data que investiga la deuda de la empresa con el Estado nacional. Esta determinación de la máxima instancia judicial implica un nuevo giro en el proceso judicial, que estaba paralizado y había generado controversias.

La causa se originó por la deuda que Correo Argentino, empresa perteneciente al Grupo Macri, mantenía con el Estado. La investigación busca determinar si hubo un perjuicio a las arcas públicas a raíz de las propuestas de pago y los acuerdos alcanzados durante la gestión anterior.

La decisión de la Corte de reabrir el expediente reactiva una investigación de alto impacto político y económico. Este tipo de resoluciones son clave en causas complejas, ya que pueden reencauzar la dirección de las pesquisas y definir el futuro de los involucrados. El fallo de la Corte Suprema, al ordenar la continuidad del proceso, subraya la importancia de esclarecer los hechos en torno a esta millonaria deuda y sus implicancias para el patrimonio del Estado.

Origen de la deuda y el concurso de acreedores

La controversia se remonta a 1997, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó el servicio postal y concedió la explotación a la empresa de la familia Macri. En 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el contrato fue rescindido por incumplimientos de pago de cánones. En 2001, la empresa ya había entrado en concurso de acreedores, es decir, no podía afrontar sus deudas. La deuda original en ese momento ascendía a unos $296 millones de pesos/dólares.

El acuerdo polémico y la imputación a Macri

La imputación a Mauricio Macri surge de un acuerdo propuesto en 2016, ya durante su presidencia. En ese año, en el marco del concurso de acreedores, la empresa ofreció al Estado Nacional (su principal acreedor) un plan de pago de la deuda. La fiscal Gabriela Boquín detectó y denunció que la propuesta era "ruinosa" y "abusiva" para el Estado, ya que implicaba una condonación del 98,87% de la deuda real actualizada (que para 2016 se calculaba en unos $4.700 millones, y seguía creciendo exponencialmente).

Macri es imputado, junto a otros funcionarios de su gobierno como el entonces Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el director de Asuntos Jurídicos Juan Manuel Mocoroa, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y cohecho (cohecho en la carátula oficial se refiere a la investigación de si hubo sobornos o ventajas indebidas). La acusación central es que, siendo presidente, se benefició a la empresa de su propia familia mediante un acuerdo perjudicial para las arcas públicas.

La causa ha tenido un largo y sinuoso recorrido judicial, con idas y venidas, apelaciones y recursos por parte de la defensa para dilatar el proceso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente reactivó el expediente al rechazar un recurso de queja de los imputados, lo que obliga a la continuidad de la investigación y a que Mauricio Macri y los demás implicados enfrenten el proceso judicial. La fiscal Boquín ha sido una figura clave en la denuncia y el impulso de la causa, logrando frenar la ejecución de aquel acuerdo de 2016. La justicia busca determinar si las acciones de los funcionarios implicados configuraron un perjuicio deliberado al Estado.