Micrófono abierto, Estado cerrado

En Diputados el oficialismo vació el temario de leyes, abrió el tramo de Manifestaciones en menos de una hora y regaló a la oposición un prime time de reproches. La política habló; el Estado, no.

El martes quedó grabado como la radiografía más honesta —y por eso más incómoda— del poder en Salta: cuando había que discutir leyes, la Cámara apagó el motor; cuando tocó ventilar cuentas políticas, se abrió el micrófono. El oficialismo eligió la catarsis tardía antes que la gestión presente, habilitando Manifestaciones una semana después del golpe electoral del 26 de octubre, y no en la sesión inmediata del 28. No fue ingenuidad: fue desconcierto. Y el desconcierto, en política, siempre paga peaje.

Mientras los proyectos de Ley caían al piso como naipes mojados, el recinto se transformó en ring y en espejo. Ring, porque el duelo Romero–Villamayor por el narco test obligatorio volvió a escena como ese show que promete control pero vive de la intriga: el hijo del aún senador nacional insiste, la ley no reúne números y el oficialismo prefiere tolerar el tema en vivo antes que ordenar su propio bloque. Espejo, porque lo que se reflejó fue un gobierno sin reflejos: con quórum suficiente para blindarse, eligió dejar que le marquen la agenda.

La oposición entendió el regalo. Guillermo Durand Cornejo puso el dedo —entero— en la llaga del primer punto del Acta: la prórroga número dieciséis de una ley nacida en 2010 que suspende hasta diciembre de 2026 desalojos y medidas judiciales sobre tierras ocupadas por familias rurales y pequeños productores. Su diagnóstico —“grave, gravísimo”— incomoda porque corre la discusión al terreno que el poder evita: la independencia judicial. ¿Puede una Legislatura, año tras año, ordenar que no se ejecuten sentencias? ¿Es protección social o amordazamiento de jueces? La política salteña suele resolver este dilema con un atajo: no resuelve. Y así, ni seguridad jurídica para producir ni políticas de tierra para vivir; sólo prórrogas como anestesia.

Luego, José Gauffin fue a la médula: “el oficialismo perdió” por la bajísima calidad institucional. Enumeró deudas que, a fuerza de repetirse, ya son un sistema: sin reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin Ley de Administración Financiera, comisiones armadas a la carta, autoridades de Cámara con “opositores” que son oficialismo por ósmosis y ausencia de una Ley de Transparencia Fiscal. Nada que no supiéramos; todo lo que el 26 O convirtió en factura política.

Lo del martes no fue una sesión: fue una metáfora. La provincia que abre el micrófono y cierra el Estado; que discute test de drogas para funcionarios pero no test de transparencia para sus cuentas; que prolonga parches judiciales sin construir política de suelo; que se queja de los jueces mudos mientras celebra Legislaturas que prefieren el atajo. Y un oficialismo que, en vez de rearmarse tras la elección, habilita un reality de reproches en horario central.

La pregunta es sencilla: ¿para qué está la Cámara de Diputados? Si es para manifestar, ya tenemos redes sociales. Si es para legislar, entonces legislen: reglamenten el acceso a la información, ordenen la administración financiera, transparenten comisiones, pongan reglas de fiscalización sobre la mesa y discutan, de una vez, una política integral de tierras que no necesite amordazar a nadie.

El martes, la oposición capitalizó el aire y el oficialismo quemó tiempo. Pero el tiempo es el único recurso que no se prorroga por ley. La próxima sesión dirá si aquello fue un desahogo o el acta de defunción de una mayoría que olvidó que gobernar, también, es incomodar a los propios.