Investigan presunta exigencia de aportes partidarios en La Libertad Avanza Salta

La investigación judicial sobre la supuesta exigencia de aportes partidarios a La Libertad Avanza en Salta sumó nuevos detalles, apuntando directamente a dos legisladores nacionales y a un asesor político. La causa, iniciada tras la denuncia de Cristian Achaval, titular de ANSES en Metán, profundiza en las prácticas de financiamiento dentro del espacio.

Según la denuncia, que se apoya en grabaciones de audio, se habría solicitado el 5% del salario a personas con designaciones políticas vinculadas a La Libertad Avanza para el sostenimiento de la sede partidaria. Trascendió que el porcentaje exigido habría bajado del 10% inicial.

En los audios, un asesor habría justificado el pedido señalando que los designados "cobran muy bien" y que la "Casa de La Libertad Avanza" en Salta requiere alrededor de $1.500.000 mensuales para cubrir gastos de alquiler y funcionamiento.

La investigación del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio se enfoca en la diputada nacional Emilia Orozco, el diputado nacional Carlos Zapata y el asesor Ricardo Ortega. Las acusaciones sugieren que estos aportes eran una condición para mantener los cargos políticos, e incluso se menciona un caso en el audio donde la falta de pago habría derivado en la "renuncia" de un exdiputado provincial, Gustavo Pantaleón.

Desde La Libertad Avanza Salta, han intentado justificar estos descuentos como "financiamiento partidario permitido por ley". Sin embargo, la gravedad de las denuncias reside en la presunta obligatoriedad y la potencial coacción para mantener los puestos, lo que contravendría la promesa del espacio de "cortar con los privilegios de la casta y la transparencia". Este caso se suma a investigaciones por "diezmos" o "retornos" que se desarrollan en otras provincias vinculadas al mismo espacio político a nivel nacional.

Detalles para comprender la controversia

En el marco de la investigación por la presunta exigencia de aportes partidarios a La Libertad Avanza en Salta, referentes del espacio habrían justificado estos descuentos citando el "financiamiento partidario permitido por ley". La legislación clave en Argentina que regula esta materia es la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, sancionada en 2006 y con diversas modificaciones posteriores (como la Ley N° 27.504). Esta ley establece las formas en que los partidos políticos pueden obtener recursos para su funcionamiento y para las campañas electorales. Se distinguen principalmente dos tipos de financiamiento

La Ley 26.215 es estricta en cuanto a las prohibiciones, como la aceptación de contribuciones o donaciones anónimas, y exige que todas las transacciones de fondos partidarios sean bancarizadas y queden debidamente registradas y auditadas por la Justicia Federal con competencia electoral.

La controversia en Salta radica en si la presunta exigencia de un porcentaje del salario a empleados con cargos políticos se encuadra dentro de los aportes de afiliados permitidos por ley, o si, por las características de obligatoriedad o coacción alegadas, constituye una práctica irregular que vulnera los principios de transparencia y voluntariedad que la norma busca garantizar. Las cartas orgánicas de cada partido deben detallar cómo se organizan estos aportes internos, siempre en conformidad con la ley nacional.

Si se comprueba que un porcentaje del salario era exigido como condición para mantener un nombramiento o un cargo, la conducta dista mucho de ser un aporte voluntario y entraría en una zona de grave ilegalidad. La exigencia de "retornos" o "diezmos" salariales, si se demuestra, no solo podría configurar un posible delito (como la concusión o la extorsión, dependiendo de las circunstancias y la posición de los involucrados), sino que también socava la confianza pública en el sistema político. Un cargo público no puede ser una fuente de financiamiento forzado para un partido.

La investigación deberá determinar si la justificación de "financiamiento permitido por ley" se sostiene frente a la evidencia de una potencial coacción. La ley protege al partido que recibe aportes, pero fundamentalmente protege al ciudadano de ser extorsionado o coaccionado en el ejercicio de sus derechos y en su relación con el Estado.