Villarruel designó a Exmilitar acusado de quema de pruebas en el Hospital Militar Salta

Una nueva designación en el ámbito del gobierno ha desatado una fuerte polémica y ha puesto en el ojo de la tormenta a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Se trata del nombramiento del exmilitar Juan Manuel Gestoso Presas, quien ha sido designado como el nuevo Subdirector General de Auditoría y Control de Gestión y está acusado de haber participado en la quema de pruebas relacionadas con la represión ilegal en el emblemático Hospital Militar de Salta, un centro ligado a graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.

La noticia, que ha generado un inmediato rechazo de organismos de derechos humanos y sectores de la política, se da en un contexto donde la vicepresidenta ha manifestado en diversas ocasiones una postura revisionista sobre la historia reciente del país. La designación recae sobre una figura cuyo pasado es objeto de serias acusaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad.

Las acusaciones contra Gestoso Presas no son menores y lo vinculan directamente con un oscuro capítulo de la historia salteña. Se lo señala por haber ordenado la quema de dos libros de guardia encontrados en el Hospital Militar de Salta. Estos documentos, que contenían registros de nacimientos ocurridos en ese centro de salud desde principios de 1970 hasta 1997, fueron considerados por fiscales, en junio de 2014, como un intento de destrucción de pruebas para obstruir investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.

Organismos de derechos humanos de Salta y a nivel nacional han expresado su más enérgico repudio a esta designación, calificándola de provocación y un claro retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Advierten que nombramientos de esta índole buscan reivindicar a figuras ligadas al aparato represivo de la dictadura y atentar contra el consenso democrático sobre el pasado reciente.

La decisión de la vicepresidenta Villarruel, conocida por su fuerte vínculo con sectores militares y su cuestionamiento a los juicios de lesa humanidad, profundiza la grieta en el debate sobre la memoria histórica. Este nombramiento, sumado a otras declaraciones y acciones de la segunda figura del Poder Ejecutivo, reaviva las alarmas sobre la dirección que podría tomar la política de derechos humanos en el país.