Piden revocar el arresto domiciliario otorgado al exintendente de Aguas Blancas

El ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, y su abogado defensor, Roberto Ortega Serrano, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria hace una semana.

La provincia de Salta se vio conmocionada a fines de septiembre por una sucesión de hechos en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, en el norte salteño, por irregularidades en un trámite procesal en el que se investiga un homicidio.

De esa sucesión de hechos, la novedad más importante fue la detención del intendente del pueblo de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, y del abogado oranense Roberto Ortega Serrano, medidas solicitadas por la Unidad Fiscal a cargo del caso y ordenadas por el juez de Garantías Raúl López.

No obstante, hace una semana ambos acusados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria con consigna policial fija. Por ello, este miércoles, Fiscales apelan fallo y pidieron revocar el beneficio otorgado a Ortega Serrano y Martínez.

La Unidad Fiscal considera que la decisión del magistrado parte de un grave error en la interpretación del art. 386 del C.P.P.S ya que se limita a exponer como requisito indispensable para la procedencia a la afectación de la libertad, la probable aplicación en firme de una pena privativa de la libertad y no alcanzó a entender que la postura fiscal se dirige a los otros supuestos que autoriza la aplicación de la prisión preventiva.

Es decir, según los fiscales, el juez no merituó adecuadamente los riesgos procesales, como la posibilidad de manipulación de pruebas y la influencia sobre testigos.

En el caso del imputado Ortega el riesgo concreto de entorpecer la investigación y por el lado del encartado Martínez se le suma también la posibilidad de la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo en atención a sus antecedentes condenatorios.

La prisión preventiva fue solicitada debido al peligro de entorpecimiento, con fundamentos claros que detallan la conducta obstructiva de Ortega Serrano, quien en oportunidad de ser allanado en otra investigación evitó el secuestro de su celular arrojándolo a una propiedad vecina.

En este caso transfirió información al allanado previo a que se ordene la ejecución de la medida, información que habría obtenido indebidamente valiéndose de su condición de abogado. En el supuesto de Martínez, desarrolló artilugios para influir en la declaración de testigos.

La Unidad Fiscal señala en la presentación, que el arresto domiciliario no es una medida adecuada para mitigar el peligro de entorpecimiento, dado que los imputados, desde sus domicilios, pueden seguir influyendo en testigos u ocultando pruebas a través de medios tecnológicos a los que tienen fácil acceso. En el caso de Martínez, consideran inconveniente que el domicilio consignado para cumplir el arresto se encuentre ubicado al frente de la Municipalidad de Aguas Blancas.

Además, destacan la gran conmoción social que en los Municipios del Norte se generó por las conductas de los imputados, lo que agrava la necesidad de medidas restrictivas para asegurar la correcta continuación de las investigaciones, de conformidad al art. 19 de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta que dos de los encartados cumplían función pública.

El Ministerio Público Fiscal espera que el recurso de apelación sea tratado con la urgencia que el caso amerita, a fin de corregir los errores cometidos en la resolución impugnada y garantizar que las investigaciones sigan su curso sin nuevas interferencias.

Las claves para entender que ocurre en Aguas Blancas

El exjefe comunal, junto al juez de Garantías Claudio Parisi y el abogado Ortega Serrano, se encuentra señalado en una investigación que apunta a su presunta conexión con el asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez en noviembre de 2023.

César Martínez, apodado “Oreja” fue asesinado por sicarios, de acuerdo a la principal hipótesis. El 12 de noviembre de 2023, mientras cumplía arresto domiciliario por intento de femicidio, fue acribillado desde una moto en San Ramón de la Nueva Orán. La víctima, hermano del intendente apuntado, contaba con antecedentes por tenencia de armas y drogas.

La investigación está a cargo de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, liderada por los fiscales Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot. De acuerdo a medios nacionales, como Infobae, César habría sido un pasador de cocaína desde Bolivia y que su asesinato pudo haber sido motivado por conflictos dentro de la organización delictiva.