Organizaciones sociales arremeten contra la adhesión al RIGI en Salta

Elevaron a las autoridades provinciales un expreso rechazo al proyecto de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y también su disconformidad a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.

El pasado viernes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para firmar un convenio por u$s50 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar la construcción de un Polo Tecnológico en la Capital de la provincia y un Centro de Capacitación en San Antonio de los Cobres. 

Luego de la firma, el mandatario salteño anunció el envío de un proyecto a la Legislatura para avanzar en la adhesión de Salta al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. "Hemos mandado el proyecto de adhesión al RIGI a la legislatura", expresó ante el ministro de Economía.

Un día antes de aquella reunión, el jueves 1° de agosto, organizaciones sociales y ambientales presentaron notas a las máximas autoridades de la Provincia: a Gustavo Sáenz, al vicegobernador Antonio Marocco, y al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, pidiendo que Salta no adhiera al Régimen de Incentivos para las Grande Inversiones, mostrando disconformidad ante las iniciativas de deforestación en la Provincia.

En los informes, las organizaciones manifiestan su contundente rechazo hacia el proyecto de adhesión al RIGI, presentado también por el diputado de Ahora Patria, Roque Cornejo, y elevado a la Legislatura por el mandatario salteño. 

En su argumento, las instituciones vuelven a hacer mención a la crisis climática y agregan la Declaración de Emergencia Hídrica en la Provincia, con el objetivo de priorizar la demanda social en las comunidades originarias más vulnerables, que ven afectados sus territorios por las grandes compañías inversoras mineras.

Además, estas instituciones dejan en manifiesto su disconformidad ante la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la Ley Nacional N° 26.331, entendiendo que esta iniciativa pretende tomar la ‘’decisión política’’ de desproteger la biodiversidad y los bosques nativos de la Provincia de Salta, que son patrimonio de todos los salteños, en el marco de la crisis climática en la región y la proliferación de desmontes ilegales en nuestro territorio.

"Necesitamos legislación que preserve los bienes comunes de todos los salteños y salteñas, para que se ejerza la justicia ambiental para las generaciones futuras, y se priorice la demanda social de las comunidades vulnerables, los Derechos Humanos, y la protección de la naturaleza como fuente de vida", justifican las organizaciones sociales y territoriales.

En ese sentido, en caso de avanzar en los mencionados proyectos y aprobarse la adhesión al RIGI, las instituciones advirtieron que "presentarán las denuncias correspondientes como de ejercitar la Acción Popular de Inconstitucionalidad", prevista en el artículo 92 de la Constitución Nacional.

Entre las que expresan su firma se encuentran: Fundación Entre Mujeres; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo; Comunidad Artistas Salta; Fundación Género y Masculinidades; Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos; Cebil Fundación Cultural, entre otras.