Revés judicial para padres antivacunas | Trás fallo judicial obligan a una pareja a inmunizar a su bebé

El Ministerio Público Pupilar de Salta logró que se completara el esquema de vacunación obligatorio de una niña, luego de una necesaria intervención judicial ante la resistencia de sus progenitores.

El caso se originó en septiembre, cuando la madre retiró a la bebé de la sala de Neonatología sin el alta médica y sin que la pequeña hubiera recibido las vacunas BCG y contra la Hepatitis B, ambas fundamentales y obligatorias por ley. Pese a las explicaciones del personal de salud sobre la importancia de estas dosis para la protección de la recién nacida, tanto la madre como el padre mantuvieron una postura firme de rechazo, lo que activó de inmediato los protocolos de protección a la infancia.

Ante la falta de respuesta de la familia a las citaciones previas, la Asesora de Incapaces N.º 9, Martha Bustos, presentó un recurso de amparo fundamentado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N.º 27.491 de vacunación obligatoria. El planteo remarcó que, si bien la crianza corresponde a los padres, el Estado tiene el deber de intervenir cuando se vulnera un derecho esencial como es el acceso a la salud.

Finalmente, el juez Eduardo Barrionuevo, del Tribunal de Impugnación, falló a favor de la Asesoría y ordenó completar el calendario de inmunización en un plazo determinado, recordando que la vacunación no es solo una protección individual, sino un derecho colectivo para resguardar a toda la comunidad de enfermedades graves.

La semana pasada se confirmó el cumplimiento del fallo, luego de que los padres presentaran el carnet de vacunación con todas las dosis correspondientes al día. Desde el Ministerio Público destacaron que este resultado asegura el cumplimiento de la Ley N.º 26.061, la cual obliga al Estado a garantizar los servicios de salud por encima de cualquier creencia o resistencia particular de los adultos a cargo. Con la documentación en regla, la niña ya cuenta con su esquema completo, cerrando así un proceso legal que puso la integridad de la menor en el centro de la escena judicial.