Polémico fallo en el caso ADP | Reducen las penas a Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo

La Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta dictó una resolución que generó fuertes repercusiones en el ámbito gremial y judicial al reducir significativamente las condenas de la exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia del Valle Argañaraz, y la extesorera Ana María Cerezo. Los jueces Guillermo Gustavo Akemeier y Federico Javier Armiñana Dohorman bajaron la pena de seis años de prisión efectiva a solo tres años y seis meses.

Este cambio de postura judicial se basó en un polémico razonamiento: para los magistrados, los 26 hechos de estafa atribuidos no fueron delitos independientes, sino que constituyeron un "único hecho de estafa continuada" en el marco del Fideicomiso Virgen de Urkupiña.

La decisión también benefició a los otros implicados en la causa, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, quienes habían sido señalados como partícipes necesarios. Sus penas de tres años de ejecución condicional fueron reducidas a un año y seis meses, manteniendo las reglas de conducta habituales, como la presentación periódica ante la Dirección de Inserción Social y la prohibición de consumir estupefacientes o abusar del alcohol. Cabe recordar que, durante el juicio original en 2024, la fiscalía había solicitado hasta siete años de cárcel, haciendo hincapié en el daño social y económico causado a los docentes que entregaron sus ahorros por viviendas que nunca recibieron.

En la investigación liderada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se acreditó que los acusados desviaron recursos de la entidad gremial hacia fines personales mediante el uso de facturas apócrifas y documentos falsificados. A pesar de estas pruebas y de los testimonios de los asociados damnificados, el Tribunal de Impugnación decidió casar la sentencia anterior bajo este nuevo criterio técnico de "delito continuado".

Con esta reducción de penas, Argañaraz y Cerezo quedan mucho más cerca de obtener beneficios carcelarios o la libertad condicional, lo que marca un cierre inesperado para uno de los casos de corrupción gremial más sonados de los últimos años en la provincia.