Salta aprobó la ley que exige agua potable gratuita en recitales y fiestas masivas

La Cámara de Diputados de la Provincia dio sanción definitiva al proyecto de ley que obliga a los organizadores de recitales, espectáculos musicales y reuniones bailables masivas a garantizar puestos de acceso a agua potable de manera totalmente gratuita para los asistentes. 

La iniciativa, orientada a resguardar la salud pública y prevenir cuadros de deshidratación en eventos de gran concurrencia, contempla un régimen de sanciones que incluye multas de hasta 1,2 millones de pesos para quienes incumplan la norma, la cual ya fue remitida al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación y reglamentación.

Durante el tratamiento en el recinto, los legisladores alineados con el proyecto fundamentaron la urgencia de la medida en las recurrentes asistencias médicas que se registran en guardias hospitalarias y centros de salud tras la realización de eventos nocturnos o festivales de larga duración. Se remarcó que el acceso a la hidratación constituye un derecho básico de salud preventiva, sobre todo en contextos de alta concentración de personas, temperaturas elevadas y prolongada exigencia física, por lo que el Estado debe fijar pautas claras de control sobre el sector gastronómico y de entretenimiento.

Sin embargo, la votación puso de manifiesto marcadas diferencias en el recinto y despertó duras críticas de sectores opositores que cuestionaron tanto las prioridades del debate legislativo como la aplicabilidad del texto sancionado. En ese sentido, el diputado Andrés Lastra interpeló fuertemente el sentido de la iniciativa al señalar la contradicción de discutir la distribución de agua en eventos festivos mientras amplias franjas de la población salteña padecen deficiencias históricas en la red hídrica domiciliaria, cuestionando si la prioridad de la Cámara debía centrarse en garantizar el consumo en fiestas privadas.

A las objeciones se sumó el diputado Guillermo Durand Cornejo, quien centró su postura en el impacto sobre los organizadores privados y en las atribuciones del Estado municipal. Durand Cornejo planteó que, si la intención era asegurar el abastecimiento en concentraciones multitudinarias, la responsabilidad operativa debió recaer sobre los gobiernos locales mediante la colocación de canillas públicas de agua potable en los predios, al tiempo que advirtió sobre la falta de debate en torno a la habitual prohibición que imponen los empresarios del espectáculo al ingreso de bebidas traídas desde el exterior por los propios asistentes. Con la aprobación parlamentaria consumada, resta conocer cómo reglamentará la normativa el Gobierno provincial para auditar su efectivo cumplimiento en los festivales y carpas bolicheras de toda la provincia.