Impulsan la "Ley Lola" y exigen más recursos estatales

La conmoción por el caso Lola, la perrita atropellada y abandonada, y la reciente viralización de una llama explotada en el parque San Martín, vuelven a poner en debate la necesidad urgente de fortalecer las leyes de protección animal y dotar a la provincia de herramientas efectivas de control y justicia.

Los recientes episodios encendieron las alarmas de proteccionistas y vecinos, dejando al descubierto las múltiples formas de vulnerabilidad que padecen también los animales en Salta: desde la crueldad vial y el abandono, hasta la explotación comercial a la vista de todos sin respuestas institucionales inmediatas.

Mientras el Senado avanza en un proyecto con media sanción para declarar a los animales "seres sintientes", referentes del sector advierten que las normativas escritas resultan insuficientes si el Estado no garantiza organismos especializados, como una Fiscalía Penal Animal y controles operativos en las calles.

El impacto del caso Lola y el debate sobre la responsabilidad legal

El trágico caso de la perrita lola —quien murió tras ser atropellada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, dejando también herida a la paseadora— generó una profunda repercusión social gracias a la empatía y viralización del hecho. La abogada y proteccionista Carmen Céspedes explicó que "el hecho está caratulado como maltrato animal con una figura agravada por la fuga, enfrentando el conductor posibles sanciones como tareas comunitarias, donaciones, inhabilitación para conducir o suspensión de juicio a prueba". En paralelo, destacó la actitud del dueño de la empresa propietaria del vehículo, quien apartó al acusado y se puso a disposición de las víctimas.

Este caso impulsó el proyecto bautizado como "Ley Lola", que busca endurecer las sanciones contra el abandono y la falta de cuidado responsable. Céspedes planteó además la importancia de analizar las raíces de cada conducta, distinguiendo entre crueldad deliberada, negligencia o incapacidad emocional, para abrir instancias de comprensión y cambio de conducta, aunque advirtió que Salta sigue careciendo de una fiscalía especializada y depende excesivamente del esfuerzo voluntario de proteccionistas y policías.

Explotación en espacios públicos y la falta de respuestas estatales

La falta de un sistema preparado quedó reflejada este fin de semana en pleno centro salteño, cuando vecinos y proteccionistas viralizaron imágenes de una llama sometida a condiciones de estrés y agobio en el parque San Martín, utilizada para servicios de fotografía ambulante. Pese a las denuncias realizadas al número municipal 105, ninguna autoridad de la Patrulla Ambiental se hizo presente en el lugar, evidenciando una problemática recurrente que también afecta a ponis en la zona ante la pasividad de los controles.

Este escenario expone las limitaciones operativas frente al debate legislativo actual. La Cámara de Diputados ya dio media sanción a un régimen provincial de protección integral que obliga a los tutores a garantizar bienestar y contempla sanciones severas ante la omisión de cuidados. Sin embargo, ante comisiones del Senado, referentes como Alejandra Arroyo —de la Asociación Civil Pata’i Perro— formalizaron el pedido de creación de una Fiscalía Penal Animal o una oficina especializada. Los proteccionistas sostienen que la burocracia actual dilata las respuestas durante días o semanas, por lo que resulta indispensable contar con una estructura judicial y recursos operativos que permitan actuar de manera urgente ante situaciones de maltrato, abandono o explotación en la vía pública.