De la filtración a la UDEC: el caso de la escuela sin alumnos que sacude al Ministerio

La gestión de la ministra de Educación provincial, Cristina Fiore, atraviesa su momento político más delicado. Lo que comenzó como una filtración de planillas y capturas de pantalla sobre un presunto establecimiento educativo inexistente escaló con fuerza inusitada hasta convertirse en una causa penal por presuntos delitos contra la administración pública, radicada en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) a cargo de la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio.

El epicentro del escándalo gira en torno a la Unidad Educativa N° 7160 (luego mutada administrativamente al núcleo 7210), un establecimiento fantasma al que se le habrían asignado más de 300 cargos docentes a pesar de carecer por completo de edificio propio, matrícula de alumnos y respaldos pedagógicos. Según los registros formales, la institución figuraba operando en la zona de Castañares, en un domicilio donde en realidad funciona una dependencia de minoridad, desatando sospechas sobre una estructura montada para el desvío de fondos públicos.

La denuncia judicial fue impulsada por la docente Celia Alejandra Alancay —una de las 117 educadoras cesanteadas tras las medidas de fuerza gremiales—, quien asegura haber agotado la vía administrativa sin respuestas antes de acudir a los tribunales con el patrocinio del letrado Nicolás Vedia.

El contenido de las planillas filtradas encendió todas las alarmas debido a las llamativas incorporaciones en la nómina de personal. Entre los casos figuran un docente homónimo de conocido peso político (Walter Wayar) con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y figuras vinculadas a la rosca política capitalina, como Pablo Marcial, identificado en el círculo cercano al diputado nacional Pablo Outes y previamente apartado de la Municipalidad por irregularidades.

La dimensión del caso adquirió proporciones colosales al trascender una proyección fiscal interna: de confirmarse que el sistema replica las condiciones de unas 60 instituciones cerradas desde 2014 cuyos cargos debían ser relocalizados —tal como reconoce la propia cartera educativa—, la fuga mensual de fondos públicos podría trepar a los 12.600 millones de pesos, configurando una de las maniobras financieras más graves de la historia reciente de la administración provincial.

Frente a la gravedad institucional de las acusaciones, la respuesta del Gobierno se movió entre la refutación técnica y el contraataque político. Desde el Ministerio de Educación negaron tajantemente la existencia de una "escuela fantasma" y explicaron que los cargos pertenecen a instituciones cerradas desde 2014 que son reutilizados legítimamente para cubrir vacantes en otros establecimientos.

Consultada sobre los lapidarios cuestionamientos que jaquean a su cartera, la ministra de Educación, Cristina Fiore, rechazó de plano la existencia de una "escuela fantasma" y justificó el esquema de designaciones señalando que, desde el año 2014, la provincia procedió al cierre de unos 60 establecimientos sin matrícula, cuyos cargos presupuestarios son reutilizados de manera legal para cubrir vacantes en otras instituciones del sistema educativo cuando la demanda así lo requiere.

La defensa oficial: de la "venganza" al cruce de antecedentes

El entorno ministerial optó por desacreditar a la denunciante. Para ello, sacaron a relucir el pesado historial de Alancay: una detención e imputación penal en agosto de 2024 por explotación ilegal de juegos de azar (artículo 301 bis del Código Penal), causa que paradójicamente se había iniciado por una denuncia impulsada por un funcionario de la propia cartera educativa y antecedentes de protesta gremial que incluyen una detención durante una violenta represión policial a docentes autoconvocados en 2016, bajo la gestión de Juan Manuel Urtubey.

Mientras la fiscalía avanza en la recolección de expedientes, actos de creación, planillas de designación y liquidaciones salariales para determinar si se trata de un circuito de sobresueldos o de una desprolijidad administrativa defendible, el desgaste político golpea de lleno al Ejecutivo provincial. Las explicaciones oficiales contrastan con la falta de documentación detallada caso por caso, dejando al descubierto una trama donde los hilos del poder, los cargos fantasmas y la opacidad presupuestaria vuelven a poner bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos en Salta.