Gobierno y aliados buscan blindar el DNU 70/2023 frente a la ofensiva en Diputados

La tensión institucional desatada en el Congreso tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó las transacciones de tierras extranjeras reconfiguró el tablero legislativo. Frente a la convocatoria opositora para una sesión especial el próximo 15 de octubre —con el propósito de voltear el mega DNU 70/2023 y debatir endeudamiento familiar junto a la emergencia en discapacidad—, el oficialismo desplegó una contraofensiva para vaciar el recinto y blindar la desregulación económica impulsada por la administración libertaria.

La estrategia principal de La Libertad Avanza apunta a boicotear el quórum opositor mediante una jugada de seducción hacia los bloques dialoguistas y aliados provinciales. En este sentido, la bancada oficialista planifica convocar a una sesión propia para el 21 de octubre, incorporando temas de alto interés para sus socios políticos, tales como el proyecto de Emergencia en Discapacidad —una iniciativa consensuada con el PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales que contrasta con el ajuste presupuestario del Ejecutivo— y una propuesta de educación financiera.

Estrategia parlamentaria y negociaciones en Europa

El cronograma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sufrió modificaciones drásticas. Si bien inicialmente se evaluó reintroducir el capítulo sobre compra de tierras por parte de extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —con topes más restrictivos para atraer voluntades—, esa jugada quedó momentáneamente en standby ante la magnitud del rechazo social y los costos políticos que advirtió la propia terminal oficialista.

Paralelamente, el oficialismo intenta sumar el dictamen del proyecto de Soberanía de la Defensa Nacional impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque reconociendo que deberán introducir modificaciones ante las fuertes críticas que cosechó en el arco político. En paralelo a las negociaciones internas, la cúpula libertaria apuesta de lleno al resultado de las gestiones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza en París en el marco de la Argentina Week.

Con la presencia de 13 gobernadores provinciales en suelo europeo —incluyendo a mandatarios dialoguistas y aliados clave como el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil—, desde la bancada violeta confían en tejer los acuerdos políticos necesarios tanto para avanzar con la reforma electoral como para alinear el voto de los legisladores nacionales en contra de los intereses opositores.

Confianza oficialista frente al recinto

Pese a la ofensiva del arco opositor para voltear el decreto que desreguló sectores clave de la economía —derogando normativas históricas como la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de flexibilizar mercados comerciales y aerocomerciales—, en el seno del oficialismo se muestran firmes.

Los operadores legislativos del Gobierno consideran que, aun si la oposición lograse reunir el quórum necesario el 15 de octubre, cuentan con los números suficientes en el recinto para rechazar la embestida y resguardar el instrumento central del plan económico, desatendiendo por el momento el impacto que la presión social pueda ejercer sobre la conducta de los legisladores.

La maniobra oficialista desnuda con crudeza la lógica de una política de espaldas a la calle, donde los derechos sociales y la emergencia previsional se convierten en meras fichas de cambio dentro de un mercado de favores legislativos. Mientras el Gobierno despliega un operativo de blindaje parlamentario para proteger el núcleo duro de su desregulación económica —un DNU que arrasó con protecciones históricas y profundizó el ajuste—, la estrategia se reduce a especulaciones de sobremesa, promesas de agenda a medida para socios complacientes y una diplomacia de vuelo corto con gobernadores alineados en Europa.

 La utilización de temas sensibles como la discapacidad y la educación financiera como anzuelos para vaciar el recinto el próximo 15 de octubre expone la absoluta miseria moral de una dirigencia dispuesta a hipotecar el bienestar de los sectores más vulnerables con tal de blindar los negocios de unos pocos y sostener el relato del poder a cualquier costo.