Exigen investigar a la cúpula de Seguridad por las cifras fantasma de "terroristas deportados"

Las estridencias discursivas del oficialismo volvieron a chocar de bruces contra la realidad institucional y judicial. A raíz de las delirantes declaraciones televisivas en las que el presidente Javier Milei aseguró que su administración expulsó a 30.000 supuestos "terroristas extranjeros" entre 2025 y lo que va de 2026, la justicia federal quedó formalmente interpelada para investigar la veracidad de semejantes cifras.

Una denuncia penal presentada por la abogada Valeria Carreras apunta directamente contra la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, exigiendo que se investiguen los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de poner bajo la lupa la manipulación política de la seguridad nacional.

El escándalo se originó en la verborragia presidencial desplegada durante una entrevista en la que Milei afirmó haber deportado a 10.000 "terroristas" el año pasado y otros 20.000 en lo que va del corriente, bajo el latiguillo de que se trataba de infiltrados que buscaban "dinamitar el modelo argentino".

Sin embargo, al contrastar el relato oficial con los datos concretos de la Dirección Nacional de Migraciones, el castillo de naipes se derrumba:

• Durante 2025: Apenas se registraron 772 expulsiones totales por diversos delitos comunes, sin una sola causa vinculada al terrorismo.

• Durante 2026: Con cifras parciales, el organismo contabiliza 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes fronterizos o rechazos, ninguno de ellos catalogado bajo la órbita del terrorismo internacional.

La presentación judicial advierte sobre la gravedad institucional de los dichos presidenciales y expone al Gobierno ante una encrucijada insostenible. Si las cifras difundidas por el mandatario fueran ciertas, el Estado estaría reconociendo públicamente el ingreso y la contención en el territorio nacional de 30.000 terroristas en menos de dos años, lo que evidenciaría un fracaso rotundo y criminal de las políticas de fronteras y seguridad nacional a cargo de Bullrich y Monteoliva. Por el contrario, de tratarse de una invención discursiva, la cúpula de Seguridad habría avalado la difusión masiva de datos falsos para alimentar un relato de paranoia punitivista.

Ante este escenario, la denuncia exige medidas urgentes de prueba: que Migraciones detalle las causales de todas las deportaciones, que se audite la base de datos del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo (RePET) y que la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el fuero federal informen cuántas causas reales por terrorismo existieron en el período. Mientras el relato oficial busca agitar fantasmas para disciplinar la agenda pública, la justicia comienza a exigir los papeles que el poder prefiere ocultar.