La Corte Suprema dejó sin efecto los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros

En un fallo de profundo impacto geopolítico y constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó vía libre a la desregulación total del mercado de tierras rurales en la Argentina. Mediante una maniobra procesal que evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, el máximo tribunal eliminó los límites históricos a la compra de terrenos por parte de capitales y Estados extranjeros, convalidando en la práctica el apetito privatizador del gobierno de Javier Milei.

La resolución, dictada este martes, desestimó la acción judicial impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) bajo el argumento formal de que la organización no contaba con la legitimación procesal adecuada para frenar la medida. De esta manera, el tribunal eludió evaluar la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras —sancionada originalmente en 2011 para blindar el patrimonio nacional frente al latifundio transnacional—, abriendo una peligrosa ventana para la extranjerización de los recursos estratégicos del país.

Las advertencias de los especialistas jurídicos no tardaron en hacerse oír. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió sin ambages que, a partir de este pronunciamiento judicial, "cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran, incluida las zonas de frontera, sin límite alguno".

La normativa de 2011 establecía un tope estricto que impedía que los extranjeros poseyeran más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, además de fijar restricciones provinciales y municipales para resguardar áreas críticas y de seguridad nacional. Con el aval judicial a la desregulación dictada por decreto presidencial, esos resguardos caen por completo, dejando el suelo argentino a merced de fondos de inversión globales y corporaciones internacionales.

Repudio generalizado y el fracaso legislativo del oficialismo

Desde el CECIM emitieron un durísimo comunicado en el que repudiaron el fallo y señalaron la gravedad institucional de la medida. "La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta", denunciaron los excombatientes.

El fallo judicial opera, en los hechos, como un salvavidas político para la administración libertaria. Cabe recordar que el propio Ejecutivo había intentado blindar esta flexibilización este mismo año incluyéndola en un paquete más amplio sobre propiedad privada en el Congreso. Sin embargo, ante la falta de acuerdos parlamentarios y el rechazo generalizado de diversos sectores sociales que se movilizaron en defensa de la soberanía territorial, el oficialismo se vio obligado a retirar ese capítulo por no reunir los votos necesarios.

Al no poder sortear el debate democrático en el Parlamento, la habilitación de la venta de la patria encuentra en la vía judicial y en los tecnicismos procesales su atajo definitivo, poniendo en jaque el control sobre el territorio nacional y las zonas de frontera.